Traspasando líneas rojas

El jueves 12 dije en el Pleno de Les Corts que, ante la falta de explicaciones y la cantidad de indicios existentes, tengo la convicción personal de que el President Camps es, además de políticamente responsable, también penalmente responsable de los hechos que relata el ya célebre auto judicial de 5 de marzo. La exagerada reacción del PP y de sus corifeos mediáticos resulta muy reveladora de lo que está pasando.

Los diferentes autos que ha ido haciendo públicos el juzgado de Garzón, ponen de manifiesto la existencia de una trama organizada para obtener beneficios a partir de decisiones de responsables públicos. El relato no sólo resulta verosímil sino que viene avalado por las denuncias de ex cargos públicos del PP, por actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía, por los informes de la Fiscalía Anticorrupción (fiscal nombrado durante el Gobierno Aznar) y por las diligencias del propio juez Garzón, a quien correspondió el asunto por turno de reparto.

"Tengo la convicción de que de los hechos se derivan responsabilidades políticas y penales"

La parte valenciana de la trama empieza a funcionar con la llegada de Álvaro Pérez y la constitución de Orange Market en julio de 2003, en Valencia. La fecha coincide con el acceso a la Presidencia de la Generalitat de Francisco Camps. ¡Qué casualidad! A partir de ese momento, esta empresa que sólo cuenta con 5 empleados, obtiene todo tipo de contratos con varias conselleríes y con diferentes empresas públicas o semipúblicas para actos tan diversos como la salida de la Volvo Ocean Race, la Fórmula 1 o actividades de la Feria de Valencia. Algunos, simplemente bochornosos, como el negociado con Vaersa. No nos olvidamos de todos los actos públicos que organiza, simultáneamente, para el Partido Popular. Con 5 empleados no se pueden hacer tantas cosas, lo que obliga a pensar que Orange Market sólo contrataba mientras que los trabajos los hacían otros. Alguna información hemos leído al respecto. El problema es que, para los contratos públicos, la ley prohíbe esos volúmenes de subcontratación y además establece unos requisitos que han de documentarse, algo que dudamos que se haya hecho. No es difícil llegar a la conclusión de que Orange Market es sólo una agencia de conseguir contratos públicos, no de ejecutarlos, lo que es tanto como decir que es una agencia de obtener comisiones por intermediación.

Se me olvidaba decir que el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, es tan amigo de Francisco Camps como para invitarle a su boda, a la que asistió y al bautizo de su hija, al que no asistió. Tal vez porque éste se celebró pocos días después de hacerse públicas las actuaciones de Garzón contra la trama. Su amistad también le lleva a ir juntos al sastre, en Madrid, lo que no deja de ser paradójico dado que los dos viven en Valencia. Es posible que piensen que aquí no hay sastres de fiar.

Los socialistas llevamos desde 2005 preguntando en Les Corts por las actividades de esta empresa. Hasta ahora no hemos podido ver ni un expediente de contratación. Ante mis preguntas en el Pleno del 19 de febrero, el president Camps anunció que comparecerían todos los consellers a dar cuenta de cuanto quisiéramos. Ni una semana duró el compromiso. Por escrito les pedimos que se trajeran a las comparecencias los expedientes de algunos contratos y por escrito nos contestaron, todos los consellers, que las comparecencias eran "a petición propia" y que, por tanto, hablarían de lo que quisieran, como así hicieron. Después de eso, en la Mesa de Les Corts del martes 10, el PP nos rechazó 69 preguntas sobre la existencia de contratos con empresas de la trama, entre otras algunas referidas al señor Ulibarri y sus televisiones, del que habrá que hablar en el futuro.

¿Cómo se atreve Camps a decir en Madrid que nadie le ha demostrado nada cuando ha puesto los papeles bajo siete llaves precisamente para que no podamos demostrar nada? Hay un relato fundado y claro en el auto judicial y hay unos indicios más que evidentes del funcionamiento ilegal de una trama que sólo ha podido hacer lo que ha hecho en tantos organismos públicos valencianos con el amparo de Camps. Frente a esto no hay más que protestas de inocencia y ocultación de datos y documentos. En definitiva: petición de adhesiones a ciegas. No sé lo que pensarán otros, pero yo tengo la convicción de que de los hechos que se conocen se derivan responsabilidades políticas y penales y así lo digo. Cuando Camps ofrezca explicaciones, cuando permita el acceso a los documentos públicos, cuando conteste preguntas sin evasivas, tal vez destruya los indicios que se acumulan en su contra y pueda pedirnos que cambiemos de opinión. Uno juzga por lo que conoce, si quiere ser riguroso, pero Camps no es el más indicado para pedir fe ciega en sus actos, mientras se guarda los secretos e impone silencio.

¿Esto es traspasar alguna línea roja? Yo creo que esto es cumplir con mi papel de oposición, que incluye defender el buen uso del dinero de los valencianos y el respeto a las leyes. Las líneas rojas las traspasaron hace tiempo quienes pretenden llevar a la clandestinidad los procedimientos de gestión de los asuntos públicos, quienes desde altas magistraturas esconden, engañan y manipulan, para luego presentarse como víctimas. En definitiva, quienes pervierten diariamente las reglas esenciales del funcionamiento de la democracia.

Ángel Luna es Síndic-Portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas.