El PP lanza un nuevo ataque contra Garzón para tapar la trama corrupta

El PP redobló ayer sus ataques contra el magistrado Baltasar Garzón mientras arrecian las revelaciones sobre la trama de corrupción con empresas de Francisco Correa y que afecta a cargos vitales del partido. No hubo reacción alguna de la dirección de la formación ante la cacicada del PP de Madrid al cerrar la comisión sobre la red de espionaje, con graves acusaciones a un miembro de la dirección del PP. Tampoco hubo movimientos sobre la trama de corrupción que afecta a sus cargos de Madrid y la Comunidad Valenciana. Eso sí, los populares presentaron un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que piden de nuevo que se sancione al juez que lleva el caso, Baltasar Garzón.

El PP acusa al juez de "dar apariencia de legalidad" a sus actuaciones

Todo, en el día en que se conocían nuevos detalles de la vinculación de Correa con Jesús Sepúlveda, dimitido alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), cuando era secretario electoral del PP y estaba casado con la actual secretaria de organización, Ana Mato.

El escrito del PP no ahorra calificativos para el juez. La estrategia de desacreditación de Garzón como juez político -"es un socialista", dicen para descalificarle- ha pasado de mera defensa mediática a verdadera estrategia política del PP. En los últimos días se ha instalado en el partido la convicción de que la cúpula no depurará responsabilidades. Y sigue haciendo todo lo posible por desacreditar la causa judicial.

"Actuaciones publicitarias"

En la queja al CGPJ, el PP atribuye al magistrado prevaricación, desprecio a la legalidad y a las garantías, instrucción perversa, especulaciones, maniobras, y uso fraudulento del secreto de sumario. También acusan al juez de "cubrir de apariencia de legalidad sus actuaciones publicitarias".

Entre ellas, el PP cita que a Camps se le comunicó la resolución telefónicamente, con una llamada a su número personal el día que se notificó la resolución. Un policía que se identificó como miembro de la Unidad de Delitos Económicos pidió al presidente valenciano un número de fax para remitírsela. Al día siguiente, otro inspector de policía de Madrid contactó con el ex vicepresidente valenciano Víctor Campos con el mismo objetivo. A Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, el auto se le notificó en una comisaría de Valencia, según el PP.

La causa contra los dos hombres más poderosos del PP valenciano, Francisco Camps y Ricardo Costa, es la principal preocupación del partido, que se ha empeñado en defender su inocencia, aunque por tener el mismo tipo de relación con las mismas empresas han dimitido tres alcaldes y un consejero en Madrid.

El PP asegura que esas actuaciones sólo se deben a "las necesidades personales del juez Garzón que tenía programado su viaje [esta semana ha participado en varios actos en Panamá y Guatemala] y concedido su permiso para asuntos propios". Sin embargo, dos magistrados especialistas en derecho penal aseguraron ayer a este diario que el procedimiento es "perfectamente legal" y "bastante usual en macroprocesos en los que son muchas las partes y los afectados". La ley, dicen, permite que se notifiquen resoluciones "por cualquier medio idóneo", como el fax o la comunicación en comisaría.

Respecto a que Garzón notificara a Camps el auto a pesar de que no es competente para investigar sus delitos -por lo que no es parte en la causa- los magistrados subrayan que el juez ordenó que la resolución se notificara no sólo a las partes, sino también a las "personas afectadas", entre las que se encontraría el presidente valenciano. "Se trata de asegurar que todas estas personas, incluidas las aforadas, no sufran indefensión y tengan conocimiento de los hechos por los que en el futuro podrían ser imputados".

El PP acusa además a Garzón de haberse ausentado de España sin haber enviado copias de las actuaciones a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana, a favor de los cuales se ha inhibido. Pero según los jueces consultados, la labor del juez en estos casos se circunscribe a elaborar el auto de inhibición en el que se ordena remitir las actuaciones a los tribunales competentes, como hizo Garzón. "La realización de las copias y su envío efectivo es una labor burocrática cuya ejecución corresponde al secretario judicial y los funcionarios del juzgado, no al magistrado".

Es la cuarta maniobra del PP para neutralizar la investigación. Primero, intentó sin éxito personarse en la causa para recusar al juez. Después, denunció ante el CGPJ la asistencia de Garzón a una cacería con el entonces ministro de Justicia, Fernández Bermejo. El escrito fue archivado. Antes de la iniciativa de ayer, presentó una querella ante el Supremo acusando a Garzón de prevaricación. La fiscalía pidió ayer el archivo de la querella al no encontrar "delito alguno" y desairó al PP al decir que los hechos denunciados "plasman una disconformidad del partido con la marcha del procedimiento, sin que constituyan el delito de prevaricación".

En una entrevista en RNE, Rajoy dijo sobre Francisco Correa, organizador de los actos del PP cuando él estaba en el Gobierno, que no recordaba si lo conocía, pero sí que había cortado los vínculos de la cúpula del PP con él.

Al día siguiente de que el secretario general del PP de Madrid acusara públicamente de mentir a un miembro de la dirección del partido, Alfredo Prada, Rajoy le quitó importancia y dijo que "pasa en todas partes".

Eso no le pareció importante. Lo importante, replicó, es "¿qué hace Garzón en Guatemala?". El juez está en Guatemala desde el pasado día 10 impartiendo un curso. Ha pedido que le descuenten los tres días de sueldo, informa José A. Hernández.