Gallardón lleva a Aguirre a los tribunales por Caja Madrid

Nos vemos en los tribunales. Este es el resumen de lo que está pasando en Caja Madrid. Después de meses de discrepancias por la nueva ley que otorga más poder a los ayuntamientos afines a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, ha judicializado la batalla por el poder en Caja Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que presentará un recurso en el juzgado contencioso administrativo por la reforma de los estatutos de Caja Madrid que ha hecho Aguirre. El equipo del alcalde considera que estos cambios vulneran la ley y pide que los tribunales los anulen.

Con la modificación estatutaria, que todavía tiene que aprobarse el próximo 23 de marzo en la Asamblea General de la caja, el Ayuntamiento pasa de tener 70 representantes a quedarse con 24 en la asamblea de la entidad presidida por Miguel Blesa.

Esta reducción es desproporcionada si se atiende a los criterios de población y depósitos que los ciudadanos de la capital tienen en la entidad, según el Ayuntamiento de la capital. Este último aspecto es el que debe regir los criterios de igualdad que marca la LORCA. Precisamente Madrid tiene el 45% de los depósitos de la Caja Madrid en toda España y el 65 % de los que hay en la Comunidad de Madrid. "Y sólo nos corresponde 24 de 80 representantes totales. Esta ley no respeta la LORCA", critica el concejal de Hacienda, Juan Bravo.

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, quiso quitar hierro a la nueva batalla diciendo que "no hay enfado" contra la Comunidad de Madrid, sino "sólo la defensa de los intereses de los madrileños". Pero remarcó que con la modificación, algunos municipios, como Majadahonda, que tiene el 3,12% de los depósitos, sube desde un representante hasta 14.

El Ayuntamiento pondrá dos recursos: uno contencioso administrativo contra la resolución de la Comunidad y otro mercantil contra el consejo de Caja Madrid por enviar los estatutos por imperativo legal a la asamblea. Fuentes del consejo apuntaron ayer que "no hubo votación y sólo se cumplió un trámite legal". El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, dijo que la postura del Ayuntamiento era "incongruente" porque sus representantes no se opusieron cuando se celebró el consejo, informa Elena Sevillano.