La Junta podrá demoler edificaciones ilegales en un mes y sin sentencia

La Junta podrá echar abajo en sólo un mes, y sin que medie sentencia judicial, las edificaciones "manifiestamente ilegalizables", es decir, aquellas que nunca van a ser recogidas por un plan urbanístico al levantarse sobre suelos protegidos o con alto valor patrimonial y ecológico. El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, aprovechó ayer su comparecencia parlamentaria para anunciar que su departamento ultima un nuevo reglamento de disciplina urbanística con un procedimiento de demolición sumaria, que ya ha sido ampliamente debatido con la FAMP y recoge la mayor parte de las sugerencias de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo.

Se trata de una medida que contempla la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) que hasta ahora no había sido desarrollada. Fuentes de la consejería explicaron que se persigue disuadir de que se construya, por ejemplo, en parques naturales, zonas de dominio o cauces de ríos. Y que pasen años hasta que un juez ordene el derribo, mientras proliferan alrededor nuevas edificaciones. Cuando un afectado acuda a un tribunal y éste le dé la razón, la norma prevé responsabilidad patrimonial y una indemnización.

Inspección ha tramitado 18.000 diligencias en 535 municipios

En un debate en el que la portavoz del PP, Esperanza Oña, arremetió duramente contra el Gobierno andaluz y el PSOE por "fomentar la corrupción", Espadas llamó a la responsabilidad para evitar la alarma social y aseguró que la Administración andaluza ha puesto todos los medios a sus alcance para velar por la legalidad urbanística. Prueba de ello, dijo, es que desde 2005 la Dirección General de Inspección ha tramitado 17.649 actuaciones en 535 de los 700 que tiene Andalucía, casi el 70%, y fundamentalmente por construcciones en suelo no urbanizable. "Pero no es conveniente sacar conclusiones apresuradas y sin matices porque así se hace mucho daño a esta tierra", comentó. De las casi 18.000 actuaciones, 3.826 fueron denuncias tramitadas, el 36% procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o agentes de Medio Ambiente, y el 64% restante de particulares o colectivos ciudadanos.

"¿Dónde está la inactividad?", preguntó Espadas, quien hizo un relato pormenorizado de los muchos y variados casos a los que tiene que hacer frente su departamento. "La Junta ha tomado suficientes medidas de ámbito planificador y de la justicia, independientemente de quién gobierne en los municipios", aseveró el consejero, quien recordó a Oña, alcaldesa de Fuengirola, que en 2006 impidió a una funcionaria de la Junta inspeccionar en su ayuntamiento con el argumento de que "la actividad urbanística era competencia de Fuengirola".

Después de semanas en las que los dirigentes de PP y PSOE han intercambiado de manera frenética en los medios de comunicación acusaciones de todo tipo, Oña había atribuido a la Junta dejación por llevar "demasiado tiempo permitiendo y fomentando la corrupción". "Corrupción que acabará en Andalucía con Manuel Chaves, de la misma forma que lo hizo con el que fuera presidente del Gobierno, Felipe González", dijo. También hizo "cómplice" al consejero de los casos de corrupción que han sido detectados porque hay artículos en la ley que le permiten intervenir y no lo hace.

La respuesta a la popular se la dio el socialista José Caballos. Denunció la "demagogia barata" del PP, cuya propuesta en relación con el control del urbanismo en Andalucía, precisó, no se conoce aún. "No vale venir al Parlamento a generalizar las sospechas de corrupción porque ustedes tengan problemas con presidentes y vicepresidentes de comunidades autónomas", recordó, en alusión a la red corrupta de Francisco Correa. Se preguntó: "¿Lecciones de qué?", y a renglón seguido sacó a colación el "paripé vergonzoso" de la comisión de investigación de Madrid sobre los supuestos espionajes.