Recelo a las propuestas de Feijóo

Colectivos sociales y profesionales temen la privatización de servicios públicos y la CIG amenaza con huelgas en la enseñanza por el gallego

El contrato electoral firmado por Alberto Núñez Feijóo, presidente in péctore de la Xunta, con sus electores provoca recelo en algunos colectivos sociales y profesionales. Algunos de ellos tildan de "demagógicas" y "contradictorias" sus propuestas y avanzan su decisión de "estar vigilantes" para evitar la pérdida de calidad de los servicios públicos "en beneficio de las empresas privadas". La CIG anuncia su disposición a convocar una movilización y huelgas en la enseñanza no universitaria en demanda del cumplimiento de la ley de mínimos del gallego si Feijóo persiste en su propuesta.

- Ley de Dependencia. El programa reiterado por Feijóo en la campaña electoral del PP de "no destinar un solo euro a propaganda" y realizar con ese dinero "conciertos con entidades sin ánimo de lucro, benéfico sociales y privadas" genera recelos. La trabajadora social Celsa Perdiz, con más de 20 años de experiencia en la asistencia pública gallega, expresa la "gran intranquilidad" por esta medida, que tilda de "demagógica". "Estoy de acuerdo en que los recursos son limitados, pero es necesario optimizarlos y desarrollar las prestaciones". Para ello reclama un aumento de personal y que se desarrollen los servicios ya creados. "Lo contrario sería una pérdida de perspectiva y del dinero empleado". Perdiz expresa la "alarma" que genera la decisión de concertar el servicio con entidades privadas. "Feijóo debería saberlo porque la privatización de la sanidad pública mediante fundaciones fue un fracaso y tuvo en contra a la ciudadanía", señala. En su opinión, la propuesta que el PP pretende poner en marcha supone "una clara vuelta al pasado" y además una pérdida de calidad de los servicios públicos. "Nadie quiere unos servicios sociales de segunda", sostiene.

En dependencia, "nadie quiere unos servicios sociales de segunda"
En sanidad el PP "facilitará la connivencia de lo público y lo privado"

- Sanidad. El PP garantiza que las listas de espera no superarán los 60 días en cirugía y los 45 para las pruebas diagnósticas. Durante la campaña, Feijóo propuso el modelo de concierto con la sanidad privada para los pacientes cuya espera traspase ese plazo. La medida no es rechazada, de entrada, por la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública gallega. El presidente del colectivo, Manuel Martín, reconoce que es necesario reducir las listas de espera en los hospitales del Sergas. Sin embargo cree que la propuesta del PP "tiene trampa". "La medida sería aceptable si no fuera por la connivencia de lo público y lo privado que Feijóo va a facilitar". Martín detecta cierta "perversión" en la propuesta "ya que al no imponer la dedicación exclusiva a los médicos de la sanidad pública, los pacientes que se deriven a la privada generarán grandes beneficios a quienes compaginen ambos empleos". En su opinión eso redundará en detrimento de la calidad de la sanidad pública y provocará "un conflicto de intereses, además de propiciar corruptelas". "Estaremos muy vigilantes", advierte el representante de los usuarios.

- Educación. El anuncio de la derogación del decreto del gallego ha generado un enorme malestar en la CIG. El responsable de Ensino del sindicato, Anxo Louzao, tilda de "dogmática y muy preocupante" la decisión de Nuñez Feijóo y cree que puede suponer una estocada final para el gallego. "Es inaudito; ningún presidente de ningún gobierno en la historia de la humanidad anunció jamás que iría en contra de su propia lengua en lugar de adoptar medidas para reforzarla". Louzao cree que Feijóo se traiciona a sí mismo. "Su decisión va contra dos normas aceptadas por el PP", sostiene el sindicalista, que cita la Lei de Normalización Lingüística, "aprobada hace ya 26 años", y el Plan de Normalización que incluía el mínimo del 50% de la enseñanza en gallego, aprobado en 2005 por unanimidad de todas las fuerzas del arco parlamentario. El sindicalista entiende que la propuesta es de difícil aplicación ya que "supone duplicar el personal docente". Además sostiene que es "segregacionista: fomenta guetos". La CIG, junto con CC OO y UGT, esperan mantener un encuentro con los representantes del nuevo gobierno de la Xunta para debatir sus posiciones. "Estaremos muy vigilantes", dice Louzao. Y avanza ya que "no descartamos una movilización y la convocatoria de huelgas si Feijóo no cumple la normativa de mínimos" del gallego en la enseñanza.

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- Medio Ambiente. Las propuestas de simplificación de la Evaluación Ambiental Estratégica y la apertura de nuevas plantas incineradoras como Sogama preocupan a los ecologistas. La Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) ve "claras incoherencias" en el programa medioambiental, especialmente en lo referido al cambio climático. "Está bien al menos que se reconozca el problema", valoran, pero entienden que las medidas de fomento de los cultivos energéticos "suenan a biomasa"; es decir, a "contaminación y deterioro del cambio climático". "Hay muy buenas palabras en el programa", afirma la sociedad ecologista, pero alerta de la proliferación de plantas incineradoras que propone. "Multiplicar Sogama es nocivo y contradictorio con la idea de protección del cambio climático", sostienen los representantes de la SGHN. En su opinión, las propuestas apenas priman el reciclaje y sin embargo inciden en la quema "y esto es opuesto por completo a la defensa del Medio Ambiente". La sociedad naturalista se muestra escéptica sobre el interés de los partidos políticos en tomar medidas medioambientales. Recuerda que envió en enero un escrito a los tres candidatos a la Presidencia de la Xunta interesándose por conocer algunas de sus propuestas en esta materia: "Ninguno nos contestó", reprochan.

"Que mantenga la Lei de Pesca"

La vinculación que propone el PP del sector pesquero con el sector turístico deportivo como "fuente de ingresos complementaria" provoca inquietud entre los trabajadores del mar. Natalia Laíño, secretaria general de Agamar (Asociación Galega de Mariscadoras) reconoce que el colectivo siempre ha defendido la diversificación del sector pesquero, incluso hacia el turístico, "pero como promoción de nuestros productos de calidad, no enfocado hacia el deporte de élite". La previsión del PP de que sean las cofradías de pescadores las que desempeñen un papel decisivo en el desarrollo del turismo de ocio, genera alarma. Para Laíño, el turismo gallego de puertos deportivos supone "un paso atrás en las recientes conquistas de la Lei de Pesca". La principal preocupación del colectivo al que representa se centra en mantener los derechos sociales adquiridos "tras mucho tiempo de lucha" por las mariscadoras de más de 65 años que no tenían cotización suficiente para jubilarse o no estaban dadas de alta en la Seguridad Social. "Esperamos que el PP tenga la sensibilidad suficiente para no tocar estas mejoras", confía la representante de Agamar. El colectivo ve como un paso atrás el compromiso de Feijóo de sustituir aspectos de esta ley por otros aprobados en 2005. "Confiamos en que mantenga la Lei de Pesca que hemos conseguido, que recoge en un solo documento toda la legislación anterior".

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