63 dependientes han muerto a la espera de ayudas

La escasa aplicación de la ley de la Dependencia explica que dos años después de su entrada en vigor haya un extraordinario volumen de dependientes, en total 16.697, a la espera de recibir la prestación, según datos del Imserso a fecha 1 de marzo. Solo en cuatro pequeños municipios de la comarca de l'Alacantí, el número de afectados que murieron a la espera de recibir el subsidio asciende ya a 63 personas. De un total de 691 solicitantes solo 19 pacientes han sido valorados; aún así ninguno recibe la consiguiente prestación, según información facilitada por las concejalías de los citados municipios. El cuerpo técnico para valorar a toda la población afectada se compone tan solo de dos trabajadoras, una de ellas a tiempo parcial. El motivo real de la nula incidencia de la ley es difuso y ambiguo debido a la maraña entre administraciones regionales y la central del Estado. Las comunidades insisten, por un lado, en que la incompatibilidad del sistema informático impide volcar los datos que demuestran que sus ciudadanos están efectivamente recibiendo las ayudas. El Gobierno niega la acusación.

CC OO lamenta el "desperdicio" de la red del servicio social municipal

"Que a los afectados se les diga que hay fallos informáticos es un insulto"

Este periódico ha realizado una aproximación a cuatro pequeñas localidades para conocer de primera mano el grado de aplicación de la ley. Los resultados no pueden ser más desalentadores. Las localidades analizadas son Mutxamel (21.481 habitantes), Xixona (7.575), Tibi (1.677) y Aigües (1.090). La población global de estos cuatro municipios asciende a 31.823 habitantes. De ellos, apenas 691 afectados por patologías que les privan de autonomía personal han tramitado su solicitud para recibir las prestaciones económicas o servicios.Pero dos años después, y a pesar de las exiguas cifras de solicitantes, solo 19 de los afectados han sido valorados. Y lo más grave: ninguno de ellos, según consta en las distintas concejalías de los cuatro ayuntamientos que han facilitado los datos, ha cobrado prestación. "Esto es un completo fraude", brama Llorens Lillo, el concejal, del PP, de Bienestar Social de Aigües, una pequeña localidad donde 16 personas han tramitado sin éxito la solicitud. Lillo lamenta especialmente un caso cercano de una persona que vive encamada desde hace ocho años en estado vegetativo. "La familia no ha recibido ni un duro", asegura.

La situación más flagrante se reproduce en Xixona. En esta localidad, 142 afectados han realizado desde 2007 los trámites para ser beneficiarios de la ley. Sin embargo, el 21% de los aspirantes a recibir algún tipo de ayuda ya ha fallecido. En concreto: 30 muertos. "Se está llevando muy mal. No se entiende cómo este servicio no se ha concedido directamente a los ayuntamientos". En el caso de este municipio, tan solo seis de los 142 expedientes han obtenido la resolución definitiva. Para uno de ellos, la respuesta llegó tarde. Murió durante la espera. Los cinco restantes están pendientes de que se les asigne un servicio.

La situación no es mejor en Mutxamel. En esta localidad del área metropolitana de Alicante ha sido donde más solicitudes se han tramitado, un total de 501, aunque solo tres afectados han sido valorados. Pero, en la misma tónica que el resto de municipios, ni siquiera estos tres teóricos beneficiarios reciben la ayuda. Mientras, 29 personas han perdido la vida por el camino. "Lo que está haciendo el Gobierno de Camps es un abuso de poder. La Volvo ha funcionado antes que la ley de la Dependencia", denuncia la alcaldesa de esta localidad, Asunción Llorens. A su entender, es inadmisible que dos años después "nadie esté cobrando prestación alguna". Y agrega: "Es lamentable que se esté jugando con un tema tan sensible, y cuando se trata de personas con auténticos dramas", enfatiza.

Salvador Roig, responsable de comunicación de CC OO en la comarca de L'Alacantí, apunta como una de las causas de la escasa solvencia de la ley el "desperdicio" que se ha hecho de toda la red de servicios sociales de la que disponen los ayuntamientos. "Se ha creado una fórmula a través de una empresa privada, Avapsa, que, además de falta de medios, adolece de exceso de burocracia", señala.

Por su lado, María Teresa Carbonell, concejal de Bienestar Social de Xixona, lamenta que por "el boicot que se está haciendo a la ley" los afectados calificados de grado máximo son los grandes perjudicados. Las cifras dan cuenta de su denuncia: tan solo seis expedientes resueltos en dos años. "Aquí no sabemos dónde se pierde el tiempo y el dinero", concede Arancha Echevarría, concejal de Bienestar Social de Tibi.

Desde la aplicación de la ley, 32 pacientes han presentado su solicitud en este municipio, pero solo seis han sido valorados. Y mientras el tiempo transcurre, cuatro afectados ya han fallecido. "Que a los usuarios se les diga que el problema es el programa informático es un insulto a la inteligencia de los afectados", concluye la regidora de Mutxamel. Mientras el tiempo transcurre, el cruce de acusaciones entre administraciones continúa y los dependientes siguen esperando las ayudas.