La Junta inspeccionará las 18.000 casas del casco antiguo de Cádiz

La rehabilitación del casco antiguo de Cádiz, un programa pionero iniciado en 1999 por la Junta de Andalucía, cumplirá su décimo aniversario emprendiendo un nuevo reto. El Gobierno andaluz ha encargado ya a un grupo de arquitectos técnicos que revisen "una a una" y "puerta a puerta" todas las viviendas del centro histórico gaditano, unas 18.000 según el último Plan General de Ordenación Urbana. Se entrará en todas las casas no estudiadas nunca pero también en las ya rehabilitadas. La orden autonómica llega después de dos recientes derrumbes en el barrio de la Viña. La directora gerente de la oficina de rehabilitación de la Junta, Silvia López, reconoce abiertamente que no se fía de la labor de inspección urbanística, competencia del Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por Teófila Martínez (PP). "Ha hecho una clara dejación de funciones", sostiene.

"Lo que no podemos esperar es a que suceda algo", afirma la Junta

Fueron dos sustos en muy poco tiempo. Dos obreros resultaron heridos al desplomarse sobre ellos el techo de una finca en la calle La Rosa que estaba siendo rehabilitada por la Junta. Muy cerca, en la calle Paco Alba, y pocos días después, se caía el techo sobre el salón de una vivienda. La inquilina se salvó milagrosamente. Sólo dos días antes un técnico del Ayuntamiento había revisado ese techo y no había detectado riesgo inminente de derrumbe. Los vecinos llevaban tres años reclamando la rehabilitación del edificio pero desacuerdos con el propietario, en este caso el Obispado de Cádiz, habían retrasado esta medida.

Durante toda esta semana, Ayuntamiento y Junta se han responsabilizado de lo que podía haber sido una tragedia. El concejal de Urbanismo, Ignacio Romaní, se agarra a la insistente demanda vecinal y a la incapacidad del Gobierno andaluz para conseguir un acuerdo con el que rehabilitar estas casas. La directora de la oficina autonómica recuerda que es el Consistorio el que tiene las competencias en materia de inspección urbanística.

Silvia López, que se incorporó hace cuatro meses al cargo, ha decidido tomar las riendas de la inspección en Cádiz. "Es algo que nos mueve por responsabilidad política y moral". Su encargo ha sido claro. "Un equipo técnico de arquitectos y expertos inspeccionará finca por finca, puerta a puerta, para que tengamos una relación definitiva de las infraviviendas que hay en Cádiz. Se va a tardar varios meses porque vamos a ser muy rigurosos. Ninguna se va a quedar fuera y vamos a acabar absolutamente con el problema, le guste o no a Teófila Martínez".

Según explicó Silvia López se actuará en dos caminos. Serán estudiadas todas las fincas donde, hasta ahora, no se había entrado. "Queremos saber en qué situación real viven los vecinos". Pero también serán revisadas las fincas ya rehabilitadas. "Han pasado diez años y es bueno girar la mirada al retrovisor", detalla la gerente.

Un estudio del año pasado, asesorado por las asociaciones de vecinos, certificó que en Cádiz faltaban por eliminar 62 fincas con infraviviendas. Cuarenta y cinco estaban en vías de solución y 17 estaban paradas porque los dueños se negaban a llegar a un acuerdo. En junio del año pasado, la Junta envió el listado de esos 17 edificios al Ayuntamiento para que comenzara el proceso de expropiación, tal y como recoge de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía. Pero después de todos estos meses el Consistorio sigue sin responder. Todos esos vecinos esperan. La gerente de la oficina cree que es un ejemplo más de la "dejación de funciones" municipal. "Lo que no podemos esperar es a que suceda algo", afirma.