¿Por qué ahora?

La madre de Clara no podía creer que, 30 años después, su hija fuera a repetir su propia historia. La suya ocurrió a finales de los años setenta, muy poca experiencia y un embarazo a los 18. Lo cierto es que tuvo que reunir dinero, coger un avión y abortar fuera de España. Hace unos meses, Clara siguió su mismo camino porque se le diagnosticó una malformación fetal incompatible con la vida y ya superaba las 22 semanas de embarazo. Antes y ahora, estas dos mujeres tuvieron al menos posibilidades económicas para buscar una solución más allá de las fronteras españolas.

Me consta que Marcos es un buen ginecólogo aunque nunca le apeteció meterse en líos, como suele jactarse ante los amigos. Trabaja en un hospital público y no tiene ningún problema de conciencia en dictaminar si una mujer sufre por su embarazo un peligro para su salud física o psíquica. Sin embargo, nunca practicará un aborto. Se pregunta: ¿cómo puedo estar seguro de que mi diagnóstico no se cuestione? ¿Cómo sé que no me van a denunciar? Así que prefiere invocar la cláusula de conciencia y se quita de problemas.

Nuestra legislación sobre aborto tiene más de 25 años y dista mucho de las que rigen en Europa

Ambos casos y muchos otros podrían servir como ejemplo para argumentar por qué hay que cambiar la legislación vigente en España en materia de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué ahora?, me preguntan. ¿Y por qué no?, puede responderse. La ley actual se aprobó poco después de la primera victoria del PSOE en las elecciones de octubre de 1982, pero mucho antes de que los organismos de Naciones Unidas reconocieran el derecho a la salud sexual y reproductiva y recomendaran abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se sometan a abortos.

Su práctica está despenalizada en la mayoría de los países de la Unión Europea. Casi todos ellos tienen una ley de plazos combinada con indicaciones. Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Bulgaria, Francia, Noruega y Finlandia, entre otros, contemplan un plazo de decisión libre hasta las 12 semanas de gestación. Este plazo se amplía hasta las 18 semanas en Suecia. En Holanda, llega hasta la semana 24, pero pese a ello los datos estadísticos aseguran que éste es uno de los países que menos número de abortos registra.

Quienes se oponen a que España equipare su legislación en esta materia a la de los países de su entorno; quienes se resisten a que adaptemos la norma a los conocimientos científicos actuales y subsanemos los errores de la actual ley; quienes todavía cuestionan la autonomía de las mujeres, lo que buscan es reabrir el debate público que se cerró hace 25 años. Esto es, no pretenden mejorar el instrumento con el que ahora cuentan las mujeres en nuestro país para ejercer su derecho, sino, sencillamente, abolirlo. Pero ni siquiera el Partido Popular fue capaz de hacerlo durante sus ocho años al frente del Gobierno de España. Y, ahora, desde luego, no toca.

No queremos una legislación más permisiva, sino más segura. Lo que pretendemos con la reforma de la ley es acabar con la inseguridad jurídica en materia de interrupción voluntaria del embarazo; una inseguridad que afecta, ante todo, a las mujeres, pero también a quienes, dentro del ámbito sanitario, emiten los dictámenes previos o realizan las interrupciones.

Lo que deseamos es garantizar la equidad en el acceso a esta prestación, porque la ausencia de la misma perjudica a todas las mujeres pero sobre todo a aquéllas con menor independencia o poder adquisitivo y, en especial, a jóvenes e inmigrantes.

Y en el fondo, no nos engañemos, estamos hablando de mucho más. Estamos hablando de derechos fundamentales, del derecho a la salud sexual y reproductiva, de reducir el número de embarazos no deseados. El aborto no puede ser nunca la primera opción, no puede considerarse un método anticonceptivo. Por eso apostamos por la educación afectivo-sexual, por facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos y a su correcta utilización, por llevar a cabo campañas informativas hacia los colectivos más vulnerables, en definitiva, por una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

Sabemos que queda un largo camino por delante. Nadie quiere que la tendencia de incremento de interrupciones voluntarias del embarazo se consolide, y para ello es necesaria una estrategia global que ponga especial énfasis en la educación y la prevención. Pero dicho esto, no podemos condenar a las mujeres que deciden someterse a un aborto añadiéndole más carga y dificultades a su dramático conflicto. Y tampoco podemos condenar a quienes las ayudan a materializar esta decisión.

Urge ofrecer a las mujeres la suficiente confianza y seguridad para que, con las máximas garantías, puedan interrumpir legal y voluntariamente su embarazo; con la carga de dolor que puede conllevar a veces, pero también con la responsabilidad de quien decide libre y humanamente sobre algo tan íntimo. Una cuestión tan privada y, al mismo tiempo, un derecho tan público cuya efectividad el Estado tiene la obligación de garantizar. Para que mujeres como Clara no tengan que marcharse fuera. Para que médicos como Marcos no tengan miedo.

Bibiana Aído Almagro es ministra de Igualdad.