El juez procesa a 17 personas más en el 'caso Malaya', que suma 103 imputados

Si el caso Malaya fuera un barco, sería un superpetrolero. Al menos, si se atiende al número de imputados que suma, 103, y a la lentitud con la que avanza. El juez que instruye en macrosumario sobre la corrupción en Marbella (Málaga), Óscar Pérez, ha ampliado el auto de procesamiento emitido en julio de 2007 para incluir 17 nuevos nombres. Casi todos ellos son supuestos testaferros del cerebro de la trama, el ex asesor urbanístico marbellí Juan Antonio Roca. Además, a otras 14 personas ya procesadas el magistrado les imputa nuevos hechos delictivos. Este movimiento retrasará un poco más el inicio del juicio, ya que ahora el juez deberá tomar declaración indagatoria de nuevo a los 103 procesados.

La mayor parte de los recién imputados son economistas, abogados y empresarios que figuraban al frente de las sociedades bajo las que Roca ocultaba su patrimonio. Sus nombres surgieron de la documentación hallada al principio de la operación, en marzo de 2006 y se les acusa de blanqueo.La nueva resolución del juez Pérez, de alto voltaje técnico-jurídico, complementa el auto de procesamiento con el que el anterior magistrado instructor, Miguel Ángel Torres, se despidió de la investigación en julio de 2007 para incorporarse a un juzgado penal de Granada. Pérez, que troceó el macrosumario en al menos ocho piezas separadas para facilitar su manejo procesal, recuerda cómo entre enero de 2004 y marzo de 2006, el entramado societario de Roca ingresó 30,9 millones de euros de diversos empresarios a cambio de favores urbanísticos.

El grueso de los nuevos imputados, 13 de los 17, corresponde a supuestos testaferros que se encontraban al frente de algunas sociedades de Roca en los años anteriores a 2004. Sus nombres han salido a la luz tras el análisis de los papeles intervenidos en la primera fase de la operación Malaya. Muchos son economistas y abogados clientes y amigos del despacho de abogados madrileño Sánchez Zubizarreta, que llevaban el control de las sociedades de Roca. Todos estos nombres, imputados por blanqueo, proceden de la primera pieza separada del sumario, que posteriormente fue reincorporada al tronco central del caso Malaya.

El juez Pérez ha ampliado la larga lista de cargos contra el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y ediles del GIL ya procesados. También ha determinado que el ex jefe de Policía Local de Marbella, Rafael del Pozo sea procesado por tenencia ilícita de armas.

En los tres procedimientos restantes Roca afronta nuevas acusaciones por delitos fiscales, blanqueo de capitales, cohecho, fraude, prevaricación e inducción a la falsificación. Todas las nuevas imputaciones añaden 40 millones de euros en fianzas por responsabilidad civil a la causa, que ya acumula 5.200 millones en fianzas de los 86 primeros procesados.

La segunda de las piezas separadas aborda la firma de dos convenios urbanísticos entre el Ayuntamiento de Marbella y empresas vinculadas a Roca. Uno de ellos, por la parcela Ave María, se firmó con la empresa CCF 21 en 2002 con Muñoz como alcalde accidental. Se promovió con la excusa de que el municipio necesitaba un vertedero y utilizaron una tasación que suponía un perjuicio de 1,4 millones. Según el juez, CCF 21 vendió los aprovechamientos a Masdevalía SL, propiedad de Roca, antes de que se firmara el convenio, por lo que al juez le parece "razonable" pensar que Roca interpuso a CCF 21 para que no se supiera que él estaba detrás.

La tercera causa investiga el fraude fiscal en operaciones urbanísticas hechas en España "con pingües beneficios". En ellas participaron como socios Roca, el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, el abogado Juan Hoffman y el ex comisario Florencio San Agapito. Las compras y ventas se hicieron a través de sociedades en Suiza y Liechtenstein para no pagar impuestos y ocultar la identidad de los socios.

El cuarto y último procedimiento aborda un delito de blanqueo en la compra y explotación del hotel de Roca en el Rocío (Huelva). El juez habla de una operación "abigarrada", con varias sociedades y personas interpuestas.