La Comunidad veta la objeción a Ciudadanía tras haberla alentado

Ya no se puede objetar. La Comunidad de Madrid ha enviado una carta a los 217 centros de Secundaria donde estudian los 1.988 objetores de Educación para la Ciudadanía de Madrid. El Gobierno regional, que durante seis meses amparó la objeción y la convirtió en un tema de confrontación política, les pide que acaten la sentencia del Tribunal Supremo (que se ha pronunciado sobre casos de Asturias y Andalucía) y vuelvan a impartir clases en 2º y 4º de ESO. La Consejería de Educación deja que cada centro recupere las clases como considere oportuno y se lava las manos con los padres que han decidido seguir adelante con el rechazo.

"Mi hija no irá a clase", señala tajante Juan José Bazán, de la plataforma Líberes. Representa a familias objetoras del sur y el este de Madrid. Asegura que hay unos 150 niños en la plataforma que se negarán a cursar la materia este curso. Las familias planean nuevos recursos ante los tribunales contra una asignatura obligatoria. Hasta ayer contaban con el respaldo de la Comunidad, que se movilizó por una solicitud que apenas afecta al 1% de los alumnos. Pero Madrid, que alentó a esos padres y llegó a instruir a sus profesores contra la asignatura, considera que la sentencia "ha fijado doctrina" y quiere cerrar este frente.

Madrid incitó e instruyó a los profesores contra el temario

Pero quedan dos preguntas por responder: ¿Cómo será la vuelta a clase de los estudiantes que acaten la sentencia? ¿Y la de aquellos que no? En el primer caso, Madrid deja libertad a cada centro. La consejera Lucía Figar ha declarado que "no ha habido ningún alumno declarado exento o que no haya sido evaluado". Y deja que cada colegio decida cómo poner al día a los objetores. "Esperamos los datos concretos y las condiciones para evaluarlos", señalaba ayer Ana Rivera, profesora de la asignatura alternativa a Ciudadanía en el colegio Senara, con un 85% de objetores. La carta, remitida por Educación el 27 de febrero, aún no ha llegado a su centro. Cuando la reciban, verán que es mucho más liviana de lo que esperan. Pide a los directores que "tomen las medidas necesarias" para que se den las clases. Sin más. La instrucción para objetar, de septiembre, era más explícita. Sugería un trabajo individual sobre la Constitución y los valores que la informan (libertad, justicia, igualdad...), además de actividades de voluntariado.

Segunda pregunta: ¿Y los que se niegan? Juan José Bazán recuerda que su hija podrá pasar de curso con una asignatura suspensa. La ley lo permite. Y confía en que el claustro de profesores, que tiene la última palabra, expedirá el título de su hija aunque tenga una asignatura sin cursar. Un portavoz de Educación admite que los centros son los últimos en hablar y que, si familias como la de Bazán siguen adelante, "se estudiará cada caso". Si faltan a clase, el decreto de Convivencia de la Comunidad prevé expulsiones temporales por absentismo.

El Ministerio de Educación tampoco prevé medidas concretas para casos como el de la plataforma Líberes. Una portavoz del ministerio remite a la LOE, que indica que quienes promocionen de curso sin aprobar todo "deben seguir programas de refuerzo". Pero evita pronunciarse sobre esa última palabra del claustro. Los alumnos objetores, y sus familias, ya no son héroes ni villanos. Se han quedado solos.