El ministro y el juez

La salida del Gobierno del ministro de Justicia, lejos de saciar el hambre del PP, ha aumentado su apetito bulímico. El debate sobre el término adecuado para bautizar esa minicrisis -cese o dimisión- difícilmente alcanzaría un acuerdo concluyente. La elección de los ministros designados por el presidente del Gobierno es discrecional, al igual que su cese: aunque el Congreso inviste y destituye al jefe del Ejecutivo, no participa en el nombramiento y cese de los ministros. La puesta a disposición de los cargos ministeriales de libre designación es una redundancia retórica: nadie puede regalar algo que no es suyo, máxime si el destinatario de la cortesía se lo confió en depósito precario. La omnipotencia otorgada por la Constitución al presidente del Gobierno hace posible consejos de ministros mediocres formados por secretarios de Estado sumisos.

El PP se querella por prevaricación contra el juez Garzón como instructor del 'caso Correa'

La dimisión irrevocable de un ministro sin aceptar una posterior negociación y su destitución a cara de perro por el presidente son casos menos frecuentes que otros supuestos más complejos y matizados. Parece razonable concluir que Bermejo estaba dispuesto a continuar en el cargo, pero también resignado al cese. Enfrentado a un dilema cuyos dos cuernos -la destitución inmediata o el aplazamiento hasta después de las elecciones del 1-M- eran casi igual de arriesgados, la decisión de Zapatero podría ser explicada por diferentes motivos (solos o acompañados de otros): el propósito de frenar la caída de la intención de voto socialista en las autonómicas; la rendición de cuentas ministerial por la huelga de jueces; el tono bronco de un agresivo actor político incapaz de desempeñar el papel conciliador propio del titular de Justicia; la irritación producida dentro del PSOE a causa del aire ancien régime (el "abrazo aristocrático" tan temido por la II Internacional) de las monterías; la falta de sensibilidad de un ministro proclive al populismo ante las matanzas de animales por diversión; el abuso de poder detectable en el aprovechamiento de los cotos públicos, las invitaciones a las fincas privadas y la poca diligencia para sacar la licencia de caza.

Pero el PP prefiere creer que Bermejo fue destituido por su presencia en cacerías a las que también asistió -entre otras muchas personas- el juez Garzón, instructor del caso Correa. Esa frágil hipótesis tal vez sea la única de todas las posibles que no ayude a entender la salida del ministro Bermejo: carece de los requisitos mínimos necesarios para ofrecer una explicación plausible. ¿Alguien puede creer que la coincidencia de dos personajes muy conocidos en un espacio público concurrido -una cacería, un concierto de cámara o una misa- es una prueba de la conspiración contra el PP capaz de enervar la presunción de inocencia? La interposición de una risible querella criminal por prevaricación contra el juez Garzón demuestra que ni siquiera el sentido del ridículo impide a Trillo y a sus colegas populares seguir obstaculizando la acción de la justicia. -