ICV quiere que la ley educativa controle más a la escuela privada

ICV-EUiA se prepara para presentar enmiendas en el Parlament de cara al debate de enmiendas parciales a la ley de Educación que empezará el mes próximo. Quiere que se refuerce el control de todos los centros sostenidos con fondos públicos, es decir, reforzar los deberes de los centros concertados, que escolarizan al 38% de los alumnos catalanes antes de la Universidad.

La diputada de este grupo, Dolors Camats, afirmó ayer que la futura Ley de Educación tiene que terminar con la idea de que hay "una doble red de centros [públicos y privados concertados] que trabajan de forma diferente y con obligaciones diferentes".

Por eso, en las enmiendas defienden un servicio "público" de educación, que además de principios incluya la palabra "obligaciones" para formar parte del Servicio Público de Educación, con centros públicos y concertados. También que se dé relevancia y continuidad a los contratos-programa que financian a los centros concertados.

Entre las obligaciones, deberían aparecer la exigencia de la gratuidad de la educación y del acceso en condiciones de igualdad a la red concertada, así como la escolarización mixta de las niñas y los niños. Sobre este punto hay polémica porque el articulado del proyecto se desprende que los centros que ahora separan por sexo podrán seguir haciéndolo, aunque se veta esta opción en el futuro.

Una de las metas de los ecosocialistas es que los centros concertados se hagan cargo de más alumnos con necesidades especiales, la mayoría de ellos inmigrantes. La distribución de los inmigrantes es muy desigual. El 85% van a centros públicos y el 15% restante, a los concertados.

El proyecto de ley elaborado por el Departamento de Educación ya prevé que se puedan repartir los alumnos inmigrantes de una misma zona cuando un centro escolar tiene muchos extranjeros y otros pocos. Queda por fijar cómo se hará este reparto, algo que se deberá hacer en un decreto posterior.

Sobre el proyecto de ley, Camats dijo: "Aún tiene muchas carencias", al tiempo que apeló al diálogo para consensuar "al máximo" un contenido que tenga el apoyo político y de la comunidad educativa.

Camats también planteó la homologación de las condiciones laborales de los docentes de la concertada y el reconocimiento del papel de las familias.

Otras dos enmiendas se refieren a que la Futura Agencia de Calidad esté adscrita al Parlament y no a Educación. Y otra que el gasto en educación debería llegar al 6% del producto interior bruto (PIB), es decir, a ese porcentaje sobre todos los bienes y servicios producidos por la economía catalana en un año. Actualmente, el PIB catalán ronda los 200.000 millones de euros, por lo que llegar al 6% -desde el 4% actual- de gasto en educación representaría alcanzar los 12.000 millones de euros. A este nivel de gasto se debería llegar progresivamente en los seis años siguientes a la aprobación de la ley, propone ICV-EUiA.