Cotino no aclara si se abstiene en asuntos que benefician a su familia

Juan Cotino, vicepresidente tercero y consejero de Bienestar Social, defendió ayer "con la cara bien alta" la participación de su familia en 20 de las 52 residencias para mayores que tienen garantizada más de un tercio de su ocupación con plazas subvencionadas por la Generalitat. Cotino compareció ante la comisión de Política Social de las Cortes para informar sobre un acuerdo del Consell de enero de 2008 que modificaba las condiciones del Plan Gerontológico diseñado por Rafael Blasco, responsable de Bienestar Social en 2001. La empresa Sedesa, de la familia de Cotino, controla el 38,7% de Gerocentros, una empresa que explota 22 residencias en la Comunidad Valenciana, 20 de ellas, concertadas con la Generalitat.

"¿Puede adoptar un acuerdo que afecta a 20 residencias de su familia?"

El socialista Antonio Torres reiteró la pregunta clave: "¿Puede usted elevar al pleno del Consell un acuerdo que afecta a 20 residencias de su familia? ¿Modificó el contrato original?"

El acuerdo de enero de 2008 amplió los plazos de los conciertos con las residencias de cinco a 15 años y permitió que las plazas concertadas superaran un tercio de las disponibles.

Portavoces de la Consejería de Bienestar han esgrimido que ese acuerdo del Consell venía forzado por la ley de Dependencia y definía las plazas denominadas de accesibilidad social.

Cotino, ayer, no respondió y optó por indignarse. "Calumnia que algo queda. Está intrínsecamente en su cabeza. Yo no he adjudicado las residencias. No estaba en el Gobierno cuando se adjudicaron. Sólo hago que se cumplan los acuerdos".

El pliego original del plan gerontológico establecía que promotores privados construirían residencias para mayores sobre suelo cedido por los ayuntamientos interesados y disfrutarían de exclusividad en su zona de influencia. Las residencias en funcionamiento antes del final de 2004 tendrían garantizado un tercio de ocupación con plazas concertadas. El plazo se modificó hasta el final de 2005. Pero algunas residencias terminadas en 2006 y 2007 se han incorporado a los conciertos. "¿Con qué amparo jurídico?", quiso saber Torres.

Cotino concedió que "el calendario" previsto por el plan inicial se atrasó. "Las empresas debían haber construido antes y la Generalitat debería haber adjudicado las plazas antes". Zanjó la cuestión y se despidió con un alegato: "No tengo responsabilidad en la adjudicación, no he incurrido en ninguna ilegalidad. He firmado 8.109 plazas y lo he hecho con mucha honra y mucha tranquilidad. Yo voy con la cara bien alta toda la vida".