La Plataforma emplaza al Consell a dar un giro a la gestión educativa

La Generalitat valenciana puede imprimir un cambio de rumbo a su gestión educativa o seguirá teniendo enfrente la oposición de todo el sector educativo público aglutinado en torno a la Plataforma per l'Ensenyament Públic, que integran los sindicatos CC OO, STEPV y UGT, la confederación de padres Gonzalo Anaya, la federación de estudiantes Faavaem, las asociaciones de directores de Primaria y Secundaria y la asociación profesional de inspectores Adide y la Federació Escola Valenciana. La Plataforma entregó el viernes a la secretaria autonómica, Concha Gómez, un exhaustivo "documento" de trabajo de diez páginas que repasa todos los puntos de la negociación acordados en diciembre pasado, para que -a más tardar la próxima semana- la Administración educativa "concrete por escrito" a qué está dispuesta a comprometerse. De lo contrario volverán las movilizaciones.

Si no hay respuesta por escrito, volverán las movilizaciones

El documento contempla desde un "plan de choque" para la creación de escuelas de infantil de 0 a 3 años (de 150.000 niños sólo 20.000 están escolarizados); a otro para "paliar la crisis de las infraestructuras educativas públicas", a partir de un "análisis de las necesidades por localidades que se trasladaría al Consejo Escolar Valenciano" para su aplicación.

La "estabilidad" de las plantillas docentes en los centros públicos es otro factor determinante para "consolidar el proyecto educativo de un centro" y "combatir el fracaso escolar" con éxito. Hay centros, sobre todo en Alicante, donde cada curso cambia el 70% del profesorado.

El retraso en la introducción de una enseñanza multilingüe es otra de las aristas que recorre todo el documento: por una parte, pasa por la consolidación del bilingüismo en los institutos de Secundaria (lo que requiere de la catalogación de las plazas docentes y de un plan de formación a cinco años), y, por otra, por dar inglés desde los cuatro años.

La Administración respondió al envite con un mensaje en el que se compromete a trabajar y llegar a acuerdos en las 73 reuniones previstas en los 95 días lectivos que hay hasta final de curso.