El ex alcalde de Bigastro vuelve al juzgado por otro delito urbanístico

Mes y medio después de salir de la cárcel, el ex alcalde socialista de Bigastro, José Joaquín Moya, volvió ayer a un juzgado acusado de otro delito urbanístico. Moya declaró en el juzgado número 1 de Orihuela imputado por un delito contra la ordenación del territorio a raíz de una denuncia presentada en 2006 por el grupo municipal del Partido Popular de Bigastro por el procedimiento seguido en 2005 en la subasta de suelo público en la zona de La Pedrera, en el que se pretendía levantar un apartotel, con unas 260 viviendas. El PP denunció que la subasta se adjudicó, a la única empresa que había concursado hasta el momento, antes de terminar el plazo de presentación de plicas y que se tasó un precio muy alto para tratarse de suelo rústico "sin detallar que luego se podía construir", recordaban ayer fuentes de la acusación particular. El Ayuntamiento, de hecho, tramitaba un plan especial para que esos terrenos rústicos pasaran a ser urbanizables, pero la aprobación, que dependía de la Consejería de Territorio, nunca llegó, según las mismas fuentes. A esta actuación se sumó ese mismo año una segunda en la zona colindante: la adjudicación a la misma empresa de terreno para construir un campo de golf. Ayer Moya rechazó ilegalidad alguna en el proceso y se limitó a defender ante la juez que la subasta se realizó en unos terrenos que el Ayuntamiento aprobó como área "de ocio turístico con el visto bueno de la Generalitat".

Moya admitió a los periodistas que tal vez hubo un error en los plazos

Moya, que declaró, al igual que los seis ediles socialistas de la legislatura pasada, sólo respondió a las preguntas de la juez y defendió que el consistorio pretendía que en la zona se desarrollaran servicios distintos de los meramente vinculados con las viviendas. Y a su salida del juzgado, preguntado por los periodistas, sólo admitió que podía haberse producido un "error administrativo" en el cómputo del plazo para la presentación de plicas.

El grupo municipal del PP ha solicitado más documentación sobre los dos procesos en la zona para analizarlos.

La denuncia que llevó ayer de nuevo a los juzgados a Moya es una de las seis que presentó el PP contra el ex alcalde socialista de Bigastro en los últimos ejercicios de sus 25 años al frente del consistorio. La mayoría de estas denuncias eran por temas urbanísticos.

Moya fue arrestado por la Guardia Civil el 28 de octubre del año pasado durante una investigación judicial, tras una denuncia del PP, por cuatro supuestos delitos contra la ordenación del territorio. Pero fue la sospecha de que el ex alcalde se hubiera apropiado de cheques al portador por más de 378.000 euros y el regalo de un coche por parte de un promotor beneficiado con obras municipales lo que llevó a la juez a ordenar el ingreso en prisión sin fianza de Moya el 31 de octubre. Moya se convirtió en el primer regidor preso preventivo de la democracia por corrupción en la Comunidad Valenciana.