La reforma improbable

El País Vasco tomó en 1979 la delantera a Cataluña en la tramitación parlamentaria de su autonomía. A punto de cumplirse los 30 años de la aprobación del Estatuto de Gernika, Euskadi se ha quedado muy retrasada en los procesos de revisión estatutaria, que ya han completado seis comunidades -Valencia, Cataluña, Baleares, Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha- y otras dos -Canarias y Galicia- tienen en marcha en las Cortes.

Desde al menos 1996, coincidiendo con los estertores del Pacto de Ajuria Enea, la revisión del Estatuto para actualizarlo y superar los puntos de bloqueo que producidos en la transferencia de las últimas competencias pendientes se había presentado como una tarea impostergable. Sin embargo, la ebullición del nacionalismo en esas fechas hizo que la reforma se planteara de forma unilateral y con el objetivo no ocultado de superar los bordes de la autonomía para instalarse en el campo gaseoso de la soberanía.

Tras ser pionera en la autonomía, Euskadi se ha rezagado en la revisión estatutaria

El certificado de la "muerte" del Estatuto extendido por ELA y LAB en Gernika en 1997 fue el anticipo del ensayo del Pacto de Lizarra y de los posteriores intentos de impulsar un nuevo estatus jurídico-político. Éste tenía dos notas: desbordaba los límites constitucionales, aunque se aplicara una interpretación libérrima de las disposiciones sobre los derechos históricos, y, con el propósito de incorporar al juego democrático al mundo de Batasuna, dejaba fuera del nuevo consenso a casi la mitad de la sociedad vasca que no se identifica con el nacionalismo. El Nuevo Estatuto Político impulsado por Ibarretxe en 2004 fue el intento forzado de trasladar al papel la doctrina soberanista, que se estrelló en el Congreso después de haber pasado por el Parlamento vasco sin conseguir alcanzar ni de lejos el apoyo que tuvo el Estatuto al que pretendía sustituir.

Tras el posterior fracaso de la tentativa de establecer con la consulta el derecho de autodeterminación o de decisión por la vía de hecho, el debate sobre la reforma estatutaria en Euskadi puede haber entrado en una especie de punto muerto. Los agobios de la crisis no la colocan entre las tareas urgentes, aunque hayan avivado la discusión irresuelta sobre cómo debe realizarse el traspaso de las políticas activas de empleo o el régimen económico de la Seguridad Social. Es así, entre otras razones, porque Euskadi, con el Concierto Económico y una Ley de Cupo muy favorable, tiene resueltas las necesidades de financiación que azuzaron la revisión en 2005 del Estatuto de Cataluña, que ha abierto la senda a todas las demás. Sintomáticamente, ninguno de los partidos mayoritarios (PNV, PSE y PP) sitúa el capítulo del autogobierno en su primera parte de sus programas electorales, sino más bien al final.

Existe un acuerdo amplio en que el texto de Gernika, que contiene hitos de autogobierno difíciles de igualar en un esquema federal, requiere una puesta al día para incorporar aspectos que no estaban presentes hace tres décadas (la presencia en la UE, por ejemplo), precisar mejor el marco de competencias para desatascar las discutidas, o perfeccionar los procedimientos de relación con el Estado con mecanismos de garantías y cooperación. Ahora bien, ¿cabe esperar que una reforma de este tipo, no rupturista, pueda abordarse en la próxima legislatura, dadas las actuales circunstancias políticas?

"A corto y medio plazo, no veo esa posibilidad", apunta Ramón Jáuregui, secretario del Grupo Socialista en el Congreso. Al igual que otros políticos consultados, considera que, antes de de que pueda proponerse con seriedad, tendrán que despejarse algunas incógnitas esenciales. La primera, como es lógico, qué partido lidera el nuevo Gobierno vasco y con qué respaldo parlamentario. Pero también habrá que esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso planteado por el PP contra el Estatuto catalán. Su dictamen, aunque no anule artículos impugnados, establecerá, según se espera en ámbitos jurídicos, unos topes interpretativos de la bilateralidad y el máximo autogobierno exigible.

La cuestión, por tanto, es si las fuerzas políticas vascas van a estar dispuestas a abordar esta tarea con la voluntad de superar el nivel de respaldo político y social que tuvo el Estatuto de Gernika. De inicio, el frustrado proceso de paz, que hubiera podido sumar a la izquierda abertzale al concierto democrático, no ayuda al empeño. Y tampoco los rescoldos soberanistas de Lizarra, que hacen que los partidos que estuvieron allí (PNV, EA, EB y Aralar) lleven en los programas electorales sus aspiraciones máximas en esta materia. Iñaki Goikoetxeta, miembro de la dirección nacional del PNV, no lo ve así. Defiende que el "Nuevo Pacto Político" que propone su partido incorpora modificaciones sobre anteriores propuestas y no es incompatible con la arquitectura constitucional, si se utiliza con generosidad la palanca de los derechos históricos reconocidos en la Constitución y el Estatuto. "Planteamos una oferta abierta a las demás fuerzas sobre cinco pilares esenciales. Si hay una sincera voluntad política, puede hacerse realidad ese nuevo pacto", sostiene.

Sin embargo, el catedrático de Derecho Constitucional de la UPV Javier Corcuera estima improbable que una revisión estatutaria encajable en el marco constitucional sirva para satisfacer las aspiraciones del nacionalismo, o viceversa. "Los niveles que ha puesto Cataluña son difíciles de superar y, por otra parte, la bilateralidad que pretenden los catalanes ya está en gran medida en el Estatuto de Gernika". Corcuera, al igual que Jáuregui, opina que los recursos históricos pueden utilizarse para lograr una lograr una integración diferenciada de Euskadi en el Estado, no para situarse de matute fuera de él. "Desde luego, no parece que la doctrina del Tribunal Constitucional vaya a aceptar un modelo confederal disfrazado o de soberanía compartida", avanza el diputado socialista.

El PP, actor descollante en la política vasca y española para armar el consenso sobre una reforma del Estatuto, interpreta que ésta no constituye una tarea urgente ni existe una demanda social en tal sentido. "Dejando aparte la conveniencia de abordar la transferencia de materias como las políticas activas de empleo, el acento no hay que ponerlo tanto en más autonomía como en mayor eficacia en la gestión. Y hay que cambiar la actitud del Gobierno, pasando de la reivindicación a la colaboración con el Ejecutivo central", afirma Leopoldo Barreda, portavoz parlamentario del PP vasco. No obstante, precisa que, si se emprende el proceso de revisión estatutaria, "estaremos en él defendiendo nuestras propuestas".

Con estos condicionantes de partida y el complejo panorama político que puede salir de las urnas, se verifique o no la alternancia en el poder, cabe aventurar que no será fácil culminar antes del final de la legislatura actualización del Estatuto de Gernika. Si es que llega a iniciarse.