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Reportaje:El trato a menores con problemas

El Estado fracasa como padre

Pocos jóvenes logran encauzar su vida al salir del centro de menores - Sus hijos forman otra generación de inadaptados

Cuando Sara Casas vio entrar en la nave industrial en la que vivía a la trabajadora social ya supuso lo que le esperaba. "Van a retirarnos a la niña", recuerda que le dijo a su pareja. La conocía. Era la misma que le había acompañado en sus seis años de peregrinaje por centros de protección de Andalucía. Salió del último al cumplir la mayoría de edad, y asegura que la Administración no se volvió a preocupar de ella hasta que se enteraron de que esperaba un hijo. Lo mismo que afirman haber vivido muchos de los jóvenes criados en estos centros, que alegan que el Estado que ejerció legalmente de padre durante su infancia les dejó en la calle y con pocos apoyos al cumplir los 18. Algunos logran encauzar su vida con éxito; otros, sobre todo los que fueron para el Estado unos hijos rebeldes, fracasan en su intento de reinsertarse en la sociedad.

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La Administración niega la aptitud de educar a sus hijos a mujeres que educó

El informe del Defensor del Pueblo sobre centros de menores alerta de "la escasez de recursos existentes" para los jóvenes que cumplen 18 años, edad en la que deben abandonar el sistema de protección. Según el análisis del Defensor, esta situación provoca que pasen de un entorno con una estructura muy reglada a vivir libremente, lo que les deja "en cierto modo desamparados" y en peligro de "sufrir graves retrocesos en su evolución".

Según el informe, "en la mayoría de los centros no se lleva a cabo un seguimiento formal de los menores" cuando salen, sino que son ellos los que continúan "llamando y visitando" las instalaciones. Muchas comunidades cuentan con planes específicos para apoyarles cuando dejan los hogares del Estado. Les ofrecen ayudas económicas, pisos compartidos y tutelados y formación para ayudarles en su reinserción social y laboral. Además de en la forma, los recursos de las comunidades coinciden en el fondo: sólo se suman a ellos los jóvenes que voluntariamente quieren. "Si en la adolescencia han respondido a toda la intervención educativa de los centros, se les va preparando para que cuando salgan se integren en la red de pisos tutelados y los demás recursos", dice Carmen Belinchón, directora general de Infancia y Familias de Andalucía, que cifra en alrededor del 80% el número de jóvenes que se adhieren a este plan al cumplir la mayoría de edad. Con los que no quieren ayuda, no se puede hacer nada, añade Belinchón. "No podemos obligarles a quedarse. Ahora bien, siempre se llevan el teléfono y la dirección por lo que puedan necesitar".

Estos programas tienen especial seguimiento entre los menores extranjeros que llegaron a España sin familia y quedaron a cargo de la Administración. Los españoles optan en su mayoría por intentar recuperar los vínculos familiares o buscar su emancipación en solitario. "Lo ideal sería que todos pasaran por pisos tutelados, pero muchos están hartos de vivir institucionalizados y lo que quieren es salir del sistema", apunta el Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo. La realidad es que cuando abandonan el centro muchos se encuentran desorientados, con un fuerte desarraigo familiar y pocas caras conocidas en el mundo exterior.

A Sara Casas le retiraron la niña que tuvo tras aquel primer embarazo y los mellizos que nacieron un año después. Los tres, de cuatro y tres años, viven en un centro y ven a su madre dos horas a la semana. La joven, que tiene 25 y ha conseguido un contrato de trabajo por un año, cuenta que lo mismo que a ella le ha pasado a muchas otras de sus ex compañeras de piso del Estado. "En cuanto se enteran de que estás con una barriga, te quitan el niño", asegura. La razón, como en el caso de Sara, suele ser la falta de recursos de las madres, jóvenes que crecieron y se educaron bajo la tutela de una Administración que luego las considera "no aptas" para cuidar de sus hijos.

No hay estadísticas que recojan cuántos de estos jóvenes que fueron hijos de la Administración acaban descarrilando, pero los expertos aseguran que son muchos. Sara conoce a "demasiados" ex compañeros que han fracasado en su intento de lograr reinsertarse en la sociedad al salir de esos hogares tutelados. "Unos acaban en la cárcel y muchos enganchados", cuenta. Su hermano pequeño está en prisión por robo: pasó su primera infancia en centros de protección, la adolescencia en los de reforma y ha empezado la vida adulta en la cárcel. Una trayectoria "desgraciadamente habitual", según el abogado José Antonio Bosch, que está a cargo de la batalla judicial de Sara por recuperar a sus hijos.

"Muchas veces, cuando tú ves el entorno en el que nace un niño ya sabes que tiene el 99% de probabilidad de pasar por el sistema de protección y de reforma penal. ¿Qué respuesta da el sistema a eso?", se pregunta el abogado, que, como el resto de expertos, reconoce que hay casos de chavales a los que les va bien al abandonar el centro, pero cree que son muchos menos de los que deberían. "Puede que mi experiencia sea más negativa porque yo sólo veo aquello que se pudre. Pero yo lo que veo es que un chaval cumple 18 años y lo ponen en la calle", apunta.

Asunción García, presidenta de la Asociación Proderechos Humanos del Menor, ha conocido a muchos jóvenes que han crecido a caballo entre centros de protección y familias con pocos recursos o muy desestructuradas. Y asegura que el resultado de esta combinación a menudo es desalentadora: "Conozco a muchos niños que han salido de centros, tanto de desamparo como de reforma, y su futuro es mucho peor que si se hubieran quedado con su familia". "Los que crecen en esos pisos salen con un desarraigo total, no tienen a nadie. Tienen la cárcel. Muchos acaban allí", se lamenta García.

El panorama, según el Defensor del Pueblo Andaluz, es menos dramático. "Todo depende del perfil del menor. A algunos les va muy bien luego y a otros no". Pero Chamizo reconoce que los casos fallidos son "una realidad frecuente". De la misma opinión es José Luis Utrera, juez de familia de Málaga, quien recalca que cada chaval criado en los centros que luego no consigue normalizar su vida es "un fracaso absoluto del sistema". "Si yo he tenido la tutela, yo soy el culpable. Casi habría que indemnizar a esos jóvenes", dice el juez.

Para casos como el de los hijos de Sara, Utrera habla de "niños desamparados de segunda generación". Sus padres crecieron en centros y ellos están abocados a lo mismo. "Empieza a haber un porcentaje elevado", advierte el juez. La diferencia entre una generación y otra es que los padres de la primera no conocían por dentro el sistema, mientras que los de la segunda han crecido en él. Sara Casas cuenta que no puede evitar proyectar en sus hijos su propia experiencia, que en su caso no fue buena, y se le parte el alma cada vez que acaban sus visitas semanales. "Cuando voy a verlos los visten de príncipes y son muy cariñosos con ellos. Pero sé que cuando me voy no es siempre así. Me lo hacían a mí".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de febrero de 2009