Transparencia opaca

Transparencia sí, pero con unos límites bien definidos y marcados con líneas rojas. Ésta es la actitud que ha adoptado el Gobierno catalán ante la polémica por el masivo encargo de informes de asesoramiento realizados por el Ejecutivo en 2007 y que ahora investiga la Fiscalía ante la evidencia de que algunos de estos documentos pueden ser prescindibles y fueron encargados a dedo a antiguos colaboradores del tripartito.

Ayer, el consejero de Gobernación, Jordi Ausàs, en funciones de portavoz del Ejecutivo, aseguró que el tripartito ha actuado con "transparencia" en este asunto y que la intención del Gobierno es garantizar el "cómodo" acceso de los diputados de la oposición a los citados informes para que puedan analizarlos.

Pero la realidad se empecina en desmentir estas palabras o, como mínimo, matizarlas. Y es que el diputado de Convergència i Unió (CiU) Jordi Turull, encargado de revisar estos informes para el primer partido de la oposición ha topado ya con los primeros problemas para acceder a la información. Si bien todos los departamentos le han permitido ver los informes solicitados, no todos han autorizado entregarle una copia de los mismos. En algunos departamentos el diputado ha sido escoltado por un funcionario cuya labor era asegurarse de que no salía del edificio ningún documento no autorizado. Ahora el diputado se ha encontrado con una negativa más, la del Departamento de Presidencia, que se ha negado a facilitarle fotocopias de los documentos consultados.

La respuesta de este departamento es rotunda: "El diputado solicitante ya ha tenido acceso a los informes solicitados, como prevé el Reglamento del Parlament".

Hasta ahora, ningún departamento había rechazado la solicitud del diputado nacionalista. La negativa de Presidencia coincide con la publicación en varios medios de comunicación, entre ellos EL PAÍS, de diversos informes de dudosa utilidad que costaron entre 6.000 y 12.000 euros al Gobierno catalán. Algunos de estos informes, que perjudicaban la imagen del Ejecutivo, fueron manipulados (véase EL PAÍS de 5 de febrero). Además, se ha constatado que varios de ellos fueron encargados sin concurso a antiguos colaboradores del tripartito.

El PSC salió ayer en defensa de la decisión de Presidencia: "A mí no me enseñaban los informes cuando gobernaba CiU. Teníamos que ir al juez", recordó Joan Ferran. El diputado socialista desechó las críticas de CiU y apuntó que "si a Turull le da pereza tomar notas y prefiere hacer fotocopias, todo no puede ser". Ferran eludió contestar sobre los informes de Presidencia y se limitó a replicar sobre los otros 14 departamentos y que "el Gobierno hace lo correcto y el señor Turull puede ver los informes que quiera, ¡que no se lamente tanto!". Fuentes de Presidencia explicaron ayer que descartan hacer fotocopias pero insistieron en que "el señor Turull puede ver los informes tantas veces como desee".

Por su parte, CiU apuntó que pondría su información a disposición de la Fiscalía, pero evitó sumarse a la demanda del PP para abrir una comisión de investigación.