El PP impide la comparecencia de Rajoy ante la 'comisión de los espías'

Apelando de nuevo a su compromiso con la "transparencia" y a su afán por "llegar al fondo de la verdad", el PP impuso ayer su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid para vetar comparecencias y documentos clave en la comisión de investigación sobre la presunta trama de espionaje. Lo hizo aplicando un doble rodillo, pues ya el pasado día 11 tumbó la mitad de la documentación solicitada por la oposición. Maru Menéndez (PSOE) e Inés Sabanés (IU) calificaron lo sucedido de "censura" y "burla" a la Cámara.

Si los populares mantienen el veto, no acudirá a la comisión Mariano Rajoy, presidente del PP, ni el ex tesorero del partido Álvaro Lapuerta -a pesar de que él mismo confesó sentirse espiado y de que la presidenta Esperanza Aguirre lo vinculó con supuestos dossiers-, ni el actual tesorero, Luis Bárcenas, ni empresarios relacionados con el vicepresidente Ignacio González. Tampoco Luis Vicente Moro, el alto cargo del Gobierno de Aznar que en 2008 diseñó un borrador de servicio secreto para el Ejecutivo de Aguirre.

Aguirre, Cospedal, Gallardón y altos cargos de Seguridad sí comparecerán

Ninguna de esas comparecencias se ajusta "al objeto de la comisión" -o requieren "precisiones"-, alegó el portavoz popular, David Pérez, que quiso resaltar el "ejemplo de transparencia" que supone que sí hayan sido aceptadas otras "45 comparecencias". En realidad son 22, porque la mayoría están repetidas. Entre las aceptadas, las de Aguirre; Ignacio González; el consejero de Interior, Francisco Granados, los altos cargos de distintos departamentos de seguridad Enrique Barón, Sergio Gamón y Marcos Peña; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, y los espiados Manuel Cobo (vicealcalde) y Alfredo Prada (ex consejero de Aguirre). Todos ellos acudirán a la Asamblea -aún no se sabe cuándo- para someterse al interrogatorio de los diputados.

Eso al menos decidió la Mesa de la Asamblea. Pero la lista de comparecientes debe pasar ahora por la mesa de la comisión de investigación y ésta volverá a "analizar" las peticiones, señaló Pérez, así que podría haber una segunda criba. No sorprendería porque eso es exactamente lo que sucedió ayer con otro asunto fundamental: las solicitudes de documentación. La Mesa había escandalizado a PSOE e IU el pasado miércoles al tumbar más de la mitad de los documentos que pedían, pero ayer la mesa de la comisión los escandalizó aún más al rechazar algunos de los que habían sido aceptados entonces.

Entre los pedidos por el PSOE, el PP impidió que se reclame la "relación nominativa de todo el personal relacionado con el ámbito de la seguridad" en la Comunidad; el "organigrama del gabinete y relación de personal de confianza" de la Consejería de Interior; la "documentación completa" sobre la seguridad regional; y los documentos que manejó Cospedal cuando el PP abrió la investigación interna que luego interrumpió. El "inventario de vehículos" de la Consejería de Interior sí fue autorizado, pero a condición de que no se faciliten las matrículas.

A IU se le vetaron otros tres documentos: dos sobre los "servicios de contravigilancia" realizados por la Dirección General de Seguridad desde 2007 y otro referido a los informes de la Comunidad sobre el asalto a un despacho ajeno por parte de Sergio Gamón (el PP reclamó más precisión).

La criba del PP ha dado lugar a situaciones paradójicas: no podrá ser interrogado Luis Vicente Moro, pero los diputados sí dispondrán de la documentación relacionada con él; y viceversa: comparecerá Cospedal, pero su informe no podrá verlo la comisión.

Los populares impidieron la recusación del presidente de la comisión, Benjamín Martín Vasco -la oposición lo vincula con otro asunto: la trama de corrupción destapada por Baltasar Garzón-, y no aclaró cuándo empezarán las sesiones de la comisión. Al ritmo que el PP impone en los trámites previos -aún no ha anunciado su lista de comparecientes-, no parece que pueda ser antes del próximo lunes. Como pronto.