El final del Tajo Segura causará 3.500 millones en pérdidas, según Coepa

Poco más de medio año después del primer avance de su informe, la patronal alicantina defendió ayer con cifras el perjuicio que supondría el fin del trasvase Tajo-Segura. Un estudio realizado por la Universidad de Alicante estima que la supresión de la infraestructura supondría para el Gobierno un desembolso de más de 3.500 millones de euros en reclamaciones patrimoniales, solo del sector agrario. A esta cifra habría que sumar las demandas de otros sectores económicos. Según el documento que presentó ayer Coepa, las indemnizaciones en toda la cuenca del Segura ascenderían a 10.000 millones.

El coordinador del estudio, el profesor Joaquín Melgarejo, aseguró que en caso de amortización o reducción del trasvase existe la responsabilidad del Estado y, en esta línea, los afectados "podrán exigir las indemnizaciones correspondientes, pudiendo reclamar en su caso su reconocimiento en vía jurisdiccional". El documento, por otro lado, insiste en que las transferencias hídricas han retrasado la sobreexplotación que sufren los acuíferos del Vinalopó. El estudio también asegura que las más de 40.000 hectáreas de regadío que dependen del trasvase en la provincia "generan una cubierta vegetal" que ralentiza la desertificación.

El informe, finalmente, considera que el Estatuto de Castilla-La Mancha incorpora medidas (sobre el Tajo-Segura) que no se ajustan a la Constitución y que invaden las competencias del Gobierno. A la presentación del informe asistió el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, quien dejó claro que si la reforma del Estatuto manchego se aprueba en las condiciones actuales presentarán un recurso de inconstitucionalidad.