La Fiscalía investigará el trato a los menores internados

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha ordenado a la fiscal jefe de Menores, Consuelo Madrigal, que investigue y coordine a través de las fiscalías de menores de toda España la situación de los centros de acogida en las distintas comunidades autónomas, según consta en una carta del fiscal general al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica.

Fuentes de la Fiscalía indicaron que, además de esta investigación, la fiscal Consuelo Madrigal va a proponer una reforma legislativa para que una ley orgánica establezca unos estándares mínimos de estos centros comunes a todas las autonomías. "Lo que no puede ser es que cada comunidad autónoma regule a su manera asuntos que tienen que ver con los derechos fundamentales de los menores, por lo que el Estado central debería asegurar unas normas comunes a todos ellos".

"Dar más garantías"

Por su parte, el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, defendió ayer la gestión de los centros de menores de la comunidad. En especial, la de Fundación O'Belén, en Picón de Jarama, una de las residencias peor paradas en el informe del Defensor del Pueblo que denunciaba malos tratos, vejaciones y medicación forzosa a los chicos. Moix, que compareció junto a la consejera madrileña de Asuntos Sociales y Familia, Engracia Hidalgo, negó "los malos tratos, las vejaciones y la medicación por doquier" y calificó el trato de "correcto", pero anunció nuevas medidas de control en los centros terapéuticos.

Para sustentar sus afirmaciones, aseguró haber visitado "por sorpresa" Picón de Jarama. Allí, según Moix, el mayor problema es que los chicos quieren salir dos veces por semana en lugar de uno, o que la comida se les queda fría. "Dicen que quieren tiempo libre para fumar o lamentan que el champú les seque el pelo", explicó.

El fiscal y la Consejería han acordado que la fiscalía autorice a los niños a que ingresen en una de estas residencias, trámite que antes no era necesario. Además, cada vez que se vaya a aplicar "un castigo", el centro deberá comunicarlo con antelación a la fiscalía. Para controlar a los centros, un funcionario de la consejería estará permanentemente en los edificios de los centros. Todo ello "para dar más garantías", insistieron a coro Moix e Hidalgo, negando que estas medidas tengan que ver con los hechos denunciados.