Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La Generalitat no incumplió los plazos de los informes porque no se fijó ninguno

El Parlament verá las auditorías externas sobre los estudios de dudosa utilidad

El Gobierno catalán no incumplió ningún plazo para presentar su investigación oficial sobre los informes externos que distintos departamentos encargaron en 2007, contra lo publicado ayer por este periódico. Y no incumplió porque, de hecho, no se había fijado ningún plazo.

La única fecha que estableció el Gobierno fue el plazo para que tres empresas auditoras estudiaran los informes de dudosa utilidad. La primera fecha fijada, el 15 de octubre, no pudo cumplirse, pero las compañías auditoras sí cumplieron el plazo, que expiraba el 30 de noviembre, según aseguró ayer el Departamento de Economía mediante una nota. En esa fecha las empresas entregaron a la Generalitat sus auditorías, que ahora está estudiando la Intervención General para elaborar su informe oficial final, tras otorgar a los departamentos la posibilidad de formular alegaciones. No hay fecha para que se publique el resultado de la investigación.

El origen del error publicado ayer fue en parte inducido por el hecho de que, en un primer momento, el Gobierno catalán no concretó que la documentación que se disponía a presentar en el Parlament incluiría, además de las tres auditorías, el informe de conclusiones del interventor general de la Generalitat. El consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, que ejerció de portavoz sobre este espinoso asunto cuando estalló la polémica, explicó en junio que la labor de la Intervención se limitaría a hacer "un seguimiento permanente" de las auditorías encargadas a las auditoras privadas.

Pero el consejero de Economía, Antoni Castells, concretó poco después que el interventor general elaboraría un informe a partir de los estudios, de manera que éste no se podía realizar hasta tener finalizadas las auditorías. Castells dijo en el Parlament el miércoles, en respuesta a una pregunta de CiU cambiada sobre la marcha, que "tres firmas de auditoría están acabando de hacer estos informes o los han entregado". Ayer Economía confirmó que ya se habían recibido.

La frágil polémica de los plazos es consecuencia de la agria disputa que mantuvo el tripartito con la oposición en la primavera de 2008 al desvelarse el masivo encargo de informes externos por parte de la Generalitat, algunos de dudosa utilidad, como uno sobre el murciélago Nana y otro acerca de la almeja brillante. Al principio, el presidente José Montilla aseguró que los consejeros que encargaron los informes darían su explicación en el Parlament. Después se optó por la fórmula de las auditorías externas. El Gobierno, presionado por la prensa, quiere conocer si los estudios externos que encarga tienen utilidad real y si su coste está justificado.

La oposición lo duda. CiU volvió a pedir ayer celeridad y solicitó amparo a Montilla, para garantizarse el acceso a las tres auditorías externas, además del informe oficial de la Intervención. Portavoces de Economía aseguraron a este diario que entregarán el informe oficial y las tres auditorías como anexos de aquél.

Pruebas para la fiscalía

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lleva meses detrás de los estudios que la Generalitat encargó a empresas externas, que se pagaron con dinero público y cuya utilidad ha sido cuestionada. El pasado miércoles el interventor general de la Generalitat recibió un requerimiento de la fiscalía para que entregara los informes elaborados por los auditores externos. El Gobierno catalán confirmó que ayer mismo envió estos informes y que ya están en manos de la fiscalía.

La investigación judicial, si prospera, correrá en paralelo a la que puso en marcha la propia Generalitat. El Gobierno siempre defendió la utilidad de encargar informes externos, aunque el propio Montilla distinguió entre los verdaderamente útiles y los que podrían ser prescindibles en según qué circunstancias. La Generalitat asegura que para este año mantiene el compromiso de reducir el 25% el gasto en estos dictámenes externos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de febrero de 2009

Más información