El juez anula el convenio urbanístico de Tres Cantos con la empresa FCC
El ensanche de la localidad prevé 7.500 viviendas nuevas en el municipio
El convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Tres Cantos y la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), aprobado dentro del Plan General Urbanístico de la localidad y que concedía a la constructora la gestión y urbanización del nuevo barrio, ha sido anulado por un juez por incumplir la ley. Sobre este terreno, en el que está previsto construir 7.500 casas, las máquinas de FCC trabajan desde junio de 2007. El Consistorio anunció ayer que recurrirá la sentencia y que, de momento, las obras en la zona, denominada AR Nuevo Tres Cantos, siguen en marcha.
El juzgado de lo contencioso-administrativo número 15 de Madrid ha anulado el acuerdo porque en él faltaba un requisito indispensable: no se fijaba el precio que la empresa concesionaria iba a pagar al Ayuntamiento. "Uno de los elementos esenciales de ese convenio, el precio, se presenta como incierto, indeterminado o difuso", afirma la sentencia.
El acuerdo no fijaba el precio que la compañía pagará al Ayuntamiento
La oposición, que ya había denunciado un posible caso de corrupción en la gestión urbanística de la zona, recurrió el convenio después de que se aprobase en pleno, en 2005, con los votos a favor del PP y de Tres Cantos Unido (TCU), que gobernaban en coalición. Miguel Aguado, portavoz del grupo socialista, considera que tanto el equipo de Gobierno de entonces como el de ahora (del PP, con mayoría absoluta) "sólo han tomado decisiones en favor de la constructora, y no de los vecinos", y añade que la omisión no pudo deberse a un despiste, pues es un trámite "tremendamente conocido" y se hace en toda concesión de este tipo.
En cambio, el Ayuntamiento considera que se trata de un simple defecto de forma que es "fácilmente subsanable".
Y es que el plan urbanístico de Tres Cantos nació envuelto en la polémica desde que se decidió que iba a ejecutarse por un sistema de expropiación. Los socialistas denunciaron que los terrenos expropiados no iban a ser gestionados por la empresa municipal de la vivienda, sino por la constructora FCC, que tendría a su disposición 389 hectáreas donde está previsto levantar 7.500 viviendas.
La polémica ha planeado sobre el crecimiento de Tres Cantos. EL PSOE denunció que dos familiares de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, habían ganado más de ocho millones tras comprar, poco antes de que se aprobase el plan, unos terrenos rústicos que luego fueron recalificados.
Poco después, EL PAÍS desveló unas declaraciones del ex concejal del PP Antonio Reino exigiendo un 11% de comisión por la firma del contrato con FCC, caso investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Y otro de los concejales que votó el convenio fue acusado de tener intereses en los terrenos recalificados para construir la ampliación.
