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Reportaje:

Medidas contra el fraude y los impagos

Los amaños deportivos serán un delito y acogerse a la ley concursal no evitará perder la categoría

El Gobierno prepara dos medidas de calado para el mundo del deporte profesional. En primer lugar, reformará el Código Penal para que el fraude deportivo sea considerado un delito. En segundo, estudia modificar la ley concursal para evitar que los clubes la utilicen para evitar el descenso y renegociar sus deudas.

El reglamento de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) dice que si un club no paga a sus jugadores desciende de categoría. Pero en España ningún club grande ha sufrido semejante humillación. En parte, porque desde 2004 pueden acogerse a la ley concursal (antigua quiebra y suspensión de pagos) cuando vienen mal dadas. Entonces, la Liga se inhibe y la entidad, intervenida judicialmente, puede renegociar sus deudas sin ningún coste deportivo.

El Código Penal reflejará la compra de un árbitro o manipular las apuestas

Es lo que hizo Las Palmas ese año y lo que han hecho luego Alavés, Sporting, Hércules y, este mismo verano, Levante, Celta y Real Sociedad. Pueden ser más si la crisis económica se agrava.

Para evitar ese uso torticero de la ley el Gobierno quiere reformar el texto legal. El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, reconoció ayer que su departamento estudia ese cambio en colaboración con el Ministerio de Justicia, pero no precisó cuándo se producirá ni su contenido.

La reforma podría hacerse por dos vías, explican fuentes jurídicas. La primera, y la que más convence a Justicia, sería una reforma de la ley concursal que incluyera como requisito para que un club recurriera al concurso el que estuviera al corriente del pago a sus jugadores. Esto habría impedido que clubes como Levante, Real Sociedad o Celta hubieran solicitado el concurso el pasado verano, cuando no pudieron hacer frente a los pagos.

En julio de 2008, una veintena de clubes de Primera y Segunda División A habían sido denunciados ante la LFP porque debían en conjunto 35 millones de euros a sus plantillas, según la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). La mayoría hizo frente a sus deudas y sólo perdieron la categoría el San Isidro, el Logroñés (en fase de liquidación) y el Algeciras, todos ellos de Segunda B.

A finales del año pasado, la AFE presentó denuncias por 1,8 millones contra 10 equipos de las dos primeras categorías del fútbol español. A día de hoy, los jugadores tienen pendientes de cobro 1,230 millones.

El problema de la reforma de la ley concursal es que rompería el modelo concursal, que precisamente se basa en que las excepciones sean las mínimas posibles. Además, y aunque buena parte de la deuda de los clubes es con sus propios jugadores, otros acreedores podrían sentirse discriminados. A 31 de octubre del año pasado, los clubes de Primera y Segunda debían a Hacienda 627 millones de euros.

La otra fórmula que baraja el Gobierno es incluir las sociedades anónimas deportivas en la disposición adicional segunda de la ley, lo que permitiría acometer la reforma a través de la Ley del Deporte. Una comisión del Congreso de los Diputados ya estudia una reforma del deporte profesional.

Se haga como se haga, las consecuencias del cambio legal pueden ser un terremoto en el mundo del fútbol. Como reconocía un directivo, si finalmente cambia la ley concursal, el año que viene se verá más de un descenso.

En el fondo subyace la caducidad de las sociedades anónimas deportivas, impulsadas en 1990 ante la creencia general de que el deporte podría generar grandes recursos propios. No ha sido así y los clubes con problemas financieros se han multiplicado. En muchos casos, sólo han sido un instrumento para la especulación por parte de sus propietarios.

El otro cambio está más claro. El fraude deportivo, ya sea el amaño de un partido, la compra de un árbitro o la manipulación de apuestas, será un delito. Lissavetzky hizo este anuncio, ante representantes de las Ligas de fútbol, baloncesto, balonmano y fútbol sala y de las asociaciones de futbolistas y jugadores de baloncesto, en la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid. El secretario de Estado no concretó las penas para el nuevo delito, aunque dijo que debería castigarse con cárcel, multas e inhabilitación. El Consejo de Ministros tendrá el proyecto "en uno o dos meses".

Plantillas al día

- La ley concursal se aprobó en 2003 para unificar los procedimientos de suspensión de pagos y quiebra.

- Al menos siete clubes de fútbol se han acogido a ella.

- Cuando un club solicita el concurso evita el descenso de categoría por impago a sus jugadores y puede negociar su deuda.

- El Gobierno quiere que los clubes no puedan solicitar el concurso si no han pagado a la plantilla.

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