La alcaldesa de Ibi adjudicó un PAI a una oferta 2,5 veces más cara

La alcaldesa de Ibi, Maite Parra, del PP, adjudicó la urbanización de un PAI a una oferta 2,5 veces más cara que la impulsada por los propietarios del suelo, según denuncia José Gimeno, uno de los dueños afectados. El Ayuntamiento rechaza la acusación y mantiene la legalidad y rentabilidad de la operación.

El denunciante mantiene que la agrupación de intereses presentó una oferta por siete millones de euros y en paralelo la promotora La Generala optó con una oferta de 17 millones. El equipo de gobierno del PP adjudicó finalmente el proyecto a La Generala. Esta iniciativa fue denunciada por los afectados ante el Síndic de Greuges, que en una resolución del 12-07-2005 se hizo eco de la denuncia de los afectados y observó supuestas irregularidades en la tramitación del PAI que le llevaron a recomendar al consistorio que dejara en suspenso la adjudicación y tuviera en cuenta la posibilidad de adjudicarla a los vecinos. Según Gimeno, en un pleno el Ayuntamiento acordó atender la sugerencia del Síndic, aunque en una junta de gobierno posterior la alcaldesa ignoró la decisión y ratificó la adjudicación a La Generala. Ante esta situación, Gimeno presentó una querella en el Juzgado número 2 de Ibi, el 20 de noviembre pasado, contra la alcaldesa de Ibi, Maite Parra, del PP, y su equipo de gobierno por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental. El magistrado no admitió a trámite la querella al considerar que los supuestos delitos denunciados habían prescrito y por no hallar responsabilidad penal en la actuación de los querellados. El denunciante ha recurrido el archivo ante la Audiencia de Alicante, que todavía no se ha pronunciado. Gimeno anuncia que trasladará en breve esta denuncia a la fiscalía para que investigue. "Sospechosamente, la urbanización de este sector fue adjudicada a la propuesta más cara", aseguró el denunciante. El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Agüera, recordó que el denunciante "lo ha perdido todo en los tribunales, está desprestigiado y su oferta no estaba justificada".

El Ayuntamiento asegura que el juez ha avalado la adjudicación

La denuncia se aireó con motivo de la investigación iniciada por la edil del PP Felicidad Peñalver, que ha sido expulsada del equipo de gobierno. Esta concejal, afín al presidente José Joaquín Ripoll, ha remitido un dossier a la dirección provincial del PP con datos sobre el incremento patrimonial de sus ex compañeros. El próximo lunes están llamados a declarar en la sede provincial del PP los ediles implicados y la alcaldesa.

Mientras, la dirección regional del PP, controlada por Francisco Camps y enfrentada a Ripoll, anunció ayer la apertura de un expediente contra Peñalver que podría concluir con la expulsión definitiva del PP. En el Ayuntamiento de Ibi, su alcaldesa, la campista Mayte Parra, anunció la creación de una comisión de investigación municipal pero solo para analizar una adjudicación a la empresa Toplabi, SL, cliente de la edil Felicidad Peñalver, que compatibilizaba su cargo de edil de Hacienda con la abogada urbanista.