El Gobierno pedirá a la fiscalía que investigue los malos tratos a niños

Las irregularidades que señala el informe del Defensor del Pueblo sobre los centros de protección de menores tienen tal calado -se habla de celdas de aislamiento o castigos físicos para tratar a los jóvenes tutelados con serios problemas de conducta- que la ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera, pedirá a la Fiscalía General del Estado que investigue las denuncias de malos tratos. "Dada la importancia" de los hechos, el Gobierno no puede quedarse al margen, explicó Cabrera, a pesar de que son las comunidades autónomas las que tienen competencias sobre estos centros.

Las comunidades, por su parte, también se han apresurado a salir al paso del informe, intentando calmar los ánimos diciendo que en su comunidad todo está bien, como ha hecho la Generalitat de Cataluña, o prometiendo investigaciones y expedientes, como ha hecho el Gobierno valenciano.

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"A veces venía a jugar escayolado y nos decía que le retorcían el brazo por detrás cuando se portaba mal". El testimonio es de un compañero -que prefiere no dar su nombre- de equipo de fútbol sala de uno de los chavales que reside en el centro de menores Baix Maestrat (Vinaròs), uno de los peor parados en el informe del Defensor del Pueblo.

El estudio acusa a los trabajadores de estas instalaciones, gestionadas por la Fundación O'Belen, de dar a los niños "collejas educativas" y hacer "muchas contenciones y de forma muy agresiva". Ayer, nadie del centro quiso dar explicaciones y remitieron a la entidad o a la Consejería de Bienestar Social.

Y la consejería ha respondido con la apertura de una investigación al centro de Vinaròs y al de L'Olmet, en Elche, también de la Fundación O'Belen. El Gobierno valenciano asegura que visitó el primero en 2008, y el segundo en 2007. "También hay controles de la fiscalía a menudo, no están dejados de la mano de Dios", añadieron.

"Nunca hemos vulnerado los derechos de los niños ni los hemos tenido una semana sin ir al colegio", aseguró ayer una portavoz del Departamento de Acció Social y Ciudadanía de la Generalitat catalana, que dirige Carme Capdevila (ERC). La misma portavoz negó de forma categórica los tratos degradantes y las críticas que contiene el documento a centros de menores de la comunidad. "La Generalitat tiene competencias plenas en materia de infancia y adolescencia y las únicas instituciones a las que hemos de dar cuenta son la Fiscalía de Menores y al Síndic de Greuges (la versión catalana del Defensor del Pueblo). Y nunca han emitido ninguna crítica", añadió.

Sin embargo, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, declinó pronunciarse ayer sobre el estado de los centros y se remitió a un informe que está elaborando esa institución y que presentará dentro de unos meses. Los tres centros a los que se refiere el informe del Defensor del Pueblo son Els Castanyers, Can Rubió y El Pedrenyal, ambos situados en poblaciones de la provincia de Barcelona.

En Castilla-La Mancha, el informe del Defensor del Pueblo señala "deterioro general" en el centro Casa Joven Juan Carlos I, gestionado por la Fundación O'Belen en Azuqueca de Henares (Guadalajara), y también critica el centro Nuestra Señora de la Paz, en Villaconejos de Trabaque (Cuenca). El responsable autonómico de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, aseguró que no se habían producido denuncias de los trabajadores, pero que está dispuesto a adoptar algunas de las recomendaciones del informe.

Desde Aragón, el jefe del Servicio de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, José Manuel Casión, aseguró que entendía que el estudio, por su gravedad, causara "alarma social", pero insistió en que nada de lo denunciado en el texto ocurre en Aragón.

Varias ONG, como Unicef, pidieron que se esclarezcan rápidamente las acusaciones del informe. Los sindicatos UGT y CC OO reclamaron más medios y mayor supervisión. La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, reclamó al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, que explique si había detectado alguna de las irregularidades de las que se hablan.

Con información de Pere Ríos, María Fabra y Cristina Medina.