El PP ataca a De la Vega para tapar la postura de Cospedal en el trasvase

El mismo día en que el Inem anuncia que ha registrado 31.000 parados más en enero en la Comunidad Valenciana la mayoría absoluta del PP en las Cortes acuerda arrancar el periodo de sesiones con una proposición no de ley para reprobar a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, por "no respaldar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura", en palabras de Ricardo Costa, portavoz del PP.

La iniciativa carece de fuerza jurídica y persigue colocar el foco sobre la diputada socialista por Valencia para ocultar a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta del PP de Castilla-La Mancha, que sí apoya la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015.

La negociación del Estatuto de Castilla La Mancha vuelve a prorrogarse

Los socialistas dudan sobre su papel en un pleno que recurrirán

"Vale todo con tal de montar una falla, un espectáculo de reprobaciones", denunció el portavoz socialista, Ángel Luna, quien anunció la intención del PSPV de recurrir la reprobación de la vicepresidenta ante la Mesa de las Cortes, primero, y ante el Tribunal Constitucional, después. "Tardaremos tres años en tener una sentencia", dijo Luna, "pero ya va siendo hora de que alguien haga saber a los diputados de la mayoría que una democracia no se sostiene solo porque se vote cada cuatro años, hace falta sentido de Estado".

Costa defendió la carga contra De la Vega porque tiene encomendada la negociación del proyecto de Estatuto de Castilla-La Mancha que ahora se tramita en el Congreso. Pero obvió que Cospedal pactó la redacción del Estatuto y el artículo que prevé la caducidad del trasvase, "en todo caso, en 2015".

El PP valenciano olvida de forma interesada, además, que la vicepresidenta del Gobierno ocupa una posición institucional de carácter ejecutivo en la que "ni debe ni puede" pronunciarse sobre cualquier cosa, recuerda un dirigente del PSPV.

Y la número dos del PP, entretanto, ha optado por el silencio para trasladar a los socialistas todo el desgaste en el tramo final de las negociaciones sobre el proyecto de Estatuto de Castilla-La Mancha. Socialistas y populares solicitaron ayer a la Mesa del Congreso una nueva prórroga de una semana en el plazo de presentación de enmiendas porque todavía no han llegado a un acuerdo que suavice la caducidad del trasvase. El Grupo Socialista trasladó hace días al PP, con el aval del Gobierno, una propuesta para trasladar al preámbulo una suerte de declaración de intenciones sin mayor fuerza jurídica sobre el futuro del trasvase del Tajo-Segura. Y ahí se han empantanado las negociaciones.

Pero Francisco Camps, presidente de la Generalitat, mantendrá la presión a través del uso instrumental de las Cortes. "Un foro que no tiene ni competencias, ni jurisdicción, ni fuerza jurídica para pronunciarse sobre las supuestas intenciones de la vicepresidenta", recordó Luna.

La opción del PP de trasladar al pleno una iniciativa de dudosa constitucionalidad sitúa en una posición complicada a los socialistas. Abandonar el pleno, no ir, intervenir y salirse cuando llegue la votación... Son algunos de los escenarios -no los únicos- que han barajado los socialistas para neutralizar con un golpe de efecto una reprobación que consideran absurda.

El asunto preocupa, hasta el punto de que Luna insistió el pasado lunes en conocer la opinión de los distintos miembros de la ejecutiva del partido. La estrategia a seguir en el pleno la decidirán el secretario general, Jorge Alarte, y la dirección del grupo parlamentario a finales de esta semana o principios de la próxima.

Los socialistas entienden que esta reprobación sienta un precedente. "Queremos decidir en frío y sin prisas qué haremos", manifestaron.

La duda es si el PSPV participará siquiera sea unos minutos en un pleno de las Cortes cuya convocatoria recurrirán al Tribunal Constitucional.