Educación rectifica y acepta tratar el trilingüismo con Escola Valenciana

La presión de los tres grandes sindicatos de la enseñanza pública sobre el cuerpo autonómico de inspectores de Educación nombrados a dedo durante los cuatro mandatos del PP en la Generalitat ha empezado a hacer mella en la Administración educativa. La jefa del Servicio Central de la Inspección Educativa, Susana Sorribes, presentó ayer en la mesa sectorial un nuevo borrador de Concurso de méritos para la provisión de plazas de inspectores de educación accidentales en régimen de comisión de servicios, que por primera vez admite un horizonte de caducidad para la figura del "inspector accidental" (sic) de menos de dos años, tras el cual se convocarán oposiciones.

La propuesta sobre los 22 inspectores accidentales (de un cuerpo de 130), responde a la presión de la Plataforma per l'Ensenyament Públic (integrada por CC OO, STEPV y UGT, la Federació Escola Valenciana, las confederaciones de padres y alumnos y las asociaciones de directores e inspectores), que amenazó con reanudar las protestas si la Administración no cumple lo firmado tras desconvocarse la huelga general cuando el consejero Alejandro Font de Mora aceptó retirar la orden de impartir Educación para la Ciudadanía en inglés.

El 19 de enero fue rechazada Escola Valenciana como interlocutor

El plan multilingüe fue una de las ofertas que lanzó la consejería

Otro punto, que mantenía en jaque la vigencia de los acuerdos firmados el 15 diciembre -que contemplan la negociación de 13 puntos básicos propuestos por la Plataforma para mejorar el funcionamiento de la escuela pública- era que la consejería aceptara a la Federació Escola Valenciana como interlocutor para aportar soluciones en dos puntos relativos a aspectos lingüísticos.

El primero consiste en la necesidad urgente de "catalogar" las plazas docentes de valenciano en Secundaria para poder dar continuidad a los alumnos que se forman en un sistema bilingüe de aprendizaje, vehiculado en valenciano durante toda su Primaria. De regularse la "catalogación lingüística" de estos docentes, se garantizaría que al llegar a Secundaria los institutos contarán con el profesorado competente para dar todas las materias en valenciano y castellano, lo que ahora no ocurre.

El segundo punto pasa por que se reconozca la experiencia de Escola Valenciana a la hora de elaborar un plan de enseñanza multilingüe en tres lenguas, valenciano, castellano e inglés, a partir de su trabajo en 700 centros valencianos y 25 años en el tratamiento de las lenguas en el sistema educativo.

Este "plan multilingüe" fue una de las ofertas que lanzó la consejería en diciembre para lograr la desconvocatoria de una huelga general en el sistema educativo público en protesta por la "imposición" del presidente Francisco Camps y su consejero Alejandro Font de Mora de obligar a traducir al inglés la nueva materia de Educación para la Ciudadanía. Una táctica que respondía sólo al "boicot" del PP a esta materia.

Las presiones de la comunidad educativa y las movilizaciones sociales contra esta medida desembocaron en una retirada de las "instrucciones" que obligaban a los centros a traducir las clases de Ciudadanía sin más profesores de inglés ni medios, y en el "compromiso" del consejero Font de Mora de implantar un plan de enseñanza multilingüe en todas las escuelas desde los 4 y 5 años, el próximo curso.

Este compromiso se vino abajo el pasado 19 de enero cuando Concha Gómez, la número dos de la consejería, se reunió con Escola Valencia -que le había presentado en diciembre un proyecto de plan multilingüe- para decir que no se le reconocía como interlocutor en esta materia.

Ayer, Ángel Martín, el gerente de Escola Valenciana, adelantó que el lunes se retomarán los encuentros con la secretaria autonómica de Educación y se comprometió a "volver a presentar las propuestas en positivo y ofrecer una salida al conflicto generado en el último encuentro".