El Foro Judicial se desmarca de las asociaciones y pide adelantar la huelga al 18-F

La unidad con que las asociaciones de jueces trataron de afrontar la negociación con el Ministerio de Justicia para evitar la huelga judicial en ciernes está a punto de resquebrajarse. La menor en número de asociados, el Foro Judicial Independiente (FJI, 265 miembros), se separó ayer definitivamente de la propuesta común de parar el 26 de junio en caso de que el Gobierno no acceda a sus peticiones, y pidió a sus bases que adelanten la huelga al 18 de febrero, como votaron más de 800 jueces en las juntas y asambleas de jueces del 21 de enero.

FJI envió a sus miembros un análisis muy pesimista de la reunión del lunes con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en el que, a diferencia de lo defendido por la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM, 1.700 miembros) y Jueces para la Democracia (JpD, 500), se aseguraba que no se había alcanzado "compromiso alguno" y se acusaba al Gobierno de no aceptar propuestas de las asociaciones. "Debemos dar un nuevo y decidido paso adelante que pasa necesariamente por adelantar la fecha de la huelga que se había previsto para el 26 de junio", concluye el comunicado.

Giro de 180 grados

A esa postura podría sumarse el próximo viernes la asociación Francisco de Vitoria (FdV, 570 asociados), lo que podría dar un giro de 180 grados a la estrategia seguida hasta ahora. Foro Judicial Independiente y FdV (unos 800 asociados entre las dos), junto con los 800 jueces que dieron la espalda a los colectivos y pidieron que la huelga se adelantara al 18 de febrero, casi igualarían en apoyos a la mayoritaria y conservadora APM. Esta última asociación, al igual que JpD, ve voluntad negociadora y propuestas concretas por parte del Gobierno y es partidaria del diálogo, lo que le está costando algunas deserciones.

Los jueces de Murcia, los primeros en proponer que la huelga tuviera lugar el 18 de febrero, la convocaron ayer con 76 votos a favor, 12 en contra y una abstención. Todo ello a pesar de que el ministerio, en la reunión del lunes con las asociaciones, asumió sus principales peticiones: se comprometió a poner en marcha la nueva oficina judicial en enero de 2010, propuso incrementar en un 30% el presupuesto para la implantación de las nuevas tecnologías, prometió eliminar los traslados forzosos antes del próximo julio y aseguró que estudiaría la posibilidad de que los jueces mantengan como hasta ahora la posibilidad de fijar los juicios en lugar de ceder esa facultad a los secretarios judiciales.