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Tribuna:LA CUARTA PÁGINA

Espías: ni autonómicos ni autónomos

Las comunidades autónomas no pueden tener servicios de inteligencia. Y si éstos son creados de forma clandestina y fuera de todo control parlamentario y judicial, la amenaza al Estado de derecho es muy grave

En más de una ocasión algún político autonómico, en el curso de una conversación informal, me ha preguntado si sería posible diseñar y crear un "pequeño" servicio de inteligencia en su comunidad autónoma para "conocer un poco qué sucede". La respuesta siempre ha sido la misma: no. Porque la existencia de servicios de inteligencia autonómicos -el propio nombre ya chirría- es un auténtico dislate, por muchos y variados fundamentos.

Constitucionalmente, las comunidades autónomas (CC AA) no tienen competencias para crear servicios de inteligencia, ni tampoco las tienen en las grandes áreas objeto de atención de los espías como son las relaciones internacionales, la Defensa y las Fuerzas Armadas, que son asuntos exclusivos del Estado. De hecho, la propia competencia en materia de seguridad pública también es del Estado, sin perjuicio de la creación de policías autonómicas. Pero a estas policías, tras algunas -no siempre claras- sentencias del Tribunal Constitucional, no es posible atribuirles las labores de inteligencia.

Este tipo de tramas paralelas busca algo tan perverso como la muerte civil y política del espiado

El CNI está sujeto al triple control de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial

Conceptualmente, es absurda la creación de servicios secretos autonómicos, ya que si hablamos de una amenaza tan grave que requiere de inteligencia es que ésta desborda el ámbito autonómico y, por tanto, pasa a ser un problema de toda la nación y objetivo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Aquí incluimos la protección de personalidades, ámbito en el que informativamente puede ser auxiliado por el Cuerpo Nacional de Policía.

Operativamente, es baladí la creación de tales servicios en las comunidades autónomas, ya que la inteligencia de calidad es muy cara y difícil de obtener. Sin duda, el CNI estará siempre en mejores condiciones de obtenerla, sobre todo si consideramos que las comunidades que con más claridad podrían necesitar inteligencia son, precisamente, aquéllas donde ya existe un mayor despliegue del CNI.

No niego que la gestión de algunas comunidades sea compleja, pero los Gobiernos autónomos están sujetos al principio de cooperación entre Administraciones que engrasa el funcionamiento multinivel de un Estado como el español. No hay ni un ámbito objetivo de competencias que justifique la existencia de estas estructuras ni una lógica operativa que la respalde.

Es cierto que en Alemania, los länder pueden crear un servicio de inteligencia para la defensa de la Constitución de cada land. Sin embargo, no es posible hacer un paralelismo para justificar un hipotético servicio de protección de un determinado estatuto de autonomía, puesto que éste no es una norma aislada, sino integrada, como ley orgánica que es, en el bloque de constitucionalidad del Estado. La Ley del CNI de 2002 refiere hasta en tres ocasiones los principios de colaboración y cooperación, para lo que incluso crea una Comisión Delegada que ha de coordinar a todas las estructuras implicadas. Por tanto, hay un perfecto encaje legal para aprovechar el potencial de otras organizaciones y canalizarlo hacia las CC AA en el seno de la comunidad de inteligencia.

El espionaje político en España fue muy intenso durante el franquismo y la Transición. En 1978, el propio CESID, antecesor del CNI, fue sorprendido en un renuncio siguiendo a varios políticos y jueces. La disculpa fue que estaba actualizando su base de datos de personalidades del Estado; pero esta situación llegó a ser tan preocupante que, el 11 de noviembre de 1981, el presidente Calvo-Sotelo tuvo que llamar al orden a los Ministerios de Defensa e Interior para que dejasen sus pugnas internas y respetasen al poder político. A partir de entonces, se han vivido algunos casos de espionaje político. En 1985 se descubrió que una unidad secreta de la Dirección General de la Policía efectuaba un seguimiento a partidos políticos. Y en 1995 se reveló otro caso que habría tenido como objetivo al Rey y otras personalidades del Estado.

Los perniciosos efectos que estos episodios tuvieron sobre nuestra vida política provocaron que se reforzara el control de la actividad de los espías ante la enorme capacidad que éstos tienen para penetrar en la esfera íntima del ciudadano. Así, en los últimos años se ha avanzado en tres instrumentos: fijación de objetivos por parte del Gobierno a través de la Directiva de Inteligencia; autorización judicial previa para la interceptación de comunicaciones o entrada en domicilios, y supervisión en la Comisión de Secretos Oficiales; esto es, los tres poderes del Estado se implican en su control. Estas garantías quedan claramente fuera de las posibilidades de un Gobierno autónomo. En caso de que alguno de ellos generara este tipo de servicio se viviría una fuerte tendencia a la desviación y el comportamiento autónomo.

De confirmarse el caso de espionaje que sacude a Madrid, podría poner en evidencia la existencia de una estructura similar a las conocidas como agencias de seguridad independientes, como la Organización Contrasubversiva Nacional (OCN) dirigida por San Martín y que permaneció opaca entre 1968 y 1972, cuando se convirtió en el Servicio Central de Documentación (SECED). Estas agencias tienen una característica muy precisa. Hacia el exterior combaten la disidencia, pero internamente, son creadas y usadas por una parte de la élite política contra otra parte de la misma. Justifican su acción en la protección de unos supuestos intereses superiores -en el caso madrileño, tramas de corrupción en ayuntamientos- o, en el más delirante de los supuestos, para garantizar la seguridad del propio espiado. Estos intereses superiores que dicen proteger son interpretables por ellos mismos -y por el propio funcionario-, ya que no hay un mandato político expreso. En Estados Unidos, Hoover, al frente del FBI, amplió su definición de lo que era la amenaza comunista para incluir en ella a artistas y homosexuales.

Hace algunas décadas, estas estructuras recurrían a asesinatos o detenciones ilegales como último recurso para destruir a sus opositores. En 2009, en un Estado democrático y de derecho, esto ya no se practica, pero sí algo igualmente perverso: la muerte civil y política del espiado. Porque la información que se recopila no difiere de la de entonces. Un vistazo a los informes de espionaje político de los años setenta en nuestro país muestra una casuística muy concreta: homosexualidad, infidelidad conyugal, fumar porros o viajar al extranjero a cargo del erario público, temas que más que reflejar "vulnerabilidades" del espiado manifiestan el perfil psicológico de quien ordena el espionaje.

Lo preocupante de estas estructuras es que sólo son posibles cuando previamente ya ha fraguado la existencia de dos tipos de Estado: el formal-legal y el encubierto. En ese Estado encubierto, las agencias paralelas pueden sobrevivir si consiguen quedar fuera del escrutinio del Legislativo, algo que logran por una doble vía. Por una parte, difuminándose en los organigramas públicos; por otra, contando con suficientes recursos económicos fuera del presupuesto público, para lo que acuden a actividades ilícitas, fondos de reptiles o aportaciones interesadas. Precisamente porque estas redes surgen en un entorno de débil cultura democrática y escasa supervisión de la labor política, de confirmarse el espionaje, la Asamblea de Madrid debería hacer una profunda reflexión sobre cómo está realizando la supervisión y el control de la acción política del Gobierno de la Comunidad y del trabajo de su Administración.

Entre particulares, la confección de dossiers para saber lo que hace el adversario o el competidor, y tomar así ventaja, es tan vieja como el mundo. La situación cambia sustancialmente cuando hablamos de poderes públicos cuyos responsables juran cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico. De ser cierta esta trama en Madrid, estaremos ante una regresión en el Estado democrático y de derecho, y en la calidad de nuestra democracia. Sin duda, espiar ilegalmente desde el seno de las propias instituciones democráticas es un hecho aberrante que rompe todos los pactos de convivencia entre competidores políticos establecidos durante la Transición.

El mismo Robespierre murió decapitado por la acción de su policía de seguridad, ya que ésta acaba tomando vida propia si perdura lo suficiente, puesto que tiene la capacidad para ir redefiniendo cuáles son las "amenazas" y quiénes son los "enemigos", y además cuenta con sus propios medios de financiación. En Madrid, figuradamente, también rodarán cabezas; cuando sepamos las de quiénes, sabremos qué parte de la élite salió vencedora.

Antonio M. Díaz Fernández es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Burgos y autor de Los servicios de inteligencia españoles.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de enero de 2009