Listas de todos los colores

La ilegalización de Batasuna por el Supremo en marzo de 2003 no ha conseguido aún cerrar el acceso de la izquierda abertzale -el sector del nacionalismo radical encuadrado dentro de la disciplina de ETA- a las instituciones municipales y parlamentarias del País Vasco. Los dirigentes del disuelto partido -rebautizado con mil nombres como banderas de conveniencia- han buscado los resquicios legales adecuados para engañar a los guardianes del Estado de derecho mediante la presentación simultánea de candidaturas provocadoras junto a otras embaucadoras plataformas encubiertas igualmente controladas por ETA.

Mas allá de la sentencia ilegalizadora dictada por el Tribunal Supremo contra el partido considerado como el brazo político de la banda terrorista, la prohibición de que las fuerzas políticas y agrupaciones de electores continuadoras en fraude de ley de Batasuna concurran a las urnas plantea algunas cuestiones jurídico-políticas relacionadas con el derecho fundamental de cada ciudadano -amparado por el artículo 23 de la Constitución- a elegir y a ser elegido. La resistencia de los habituales votantes del disuelto partido a transferir sus sufragios a otra fuerza política no puede ser interpretada con la lógica del voto útil que sacrifica la primera preferencia de carácter ideológico a una segunda opción estratégica. ¿Resulta afectado el contenido esencial del derecho a elegir de un individuo en el supuesto de que la interdicción del partido al que se proponía votar no le deje más alternativa que respaldar a otras siglas? Al fin y al cabo, los seguidores de un equipo expulsado de una competición deportiva -aunque sea por razones justificadas- no suelen cambiar de club. ¿Queda conculcado el derecho del candidato de una fuerza política prohibida judicialmente a ser elegido si la única posibilidad a su alcance es concurrir a las urnas en las listas de otra formación? Después de la respuesta negativa dada a esas dos preguntas por el Supremo y el Constitucional, habrá que aguardar a las sentencias del Tribunal de Estrasburgo.

El papel de EHAK en 2005 le corresponde ahora a otro 'partido durmiente': Askatasuna

La ilegalización de cualquiera de las reencarnaciones de Batasuna que pudiera presentarse a las próximas elecciones del 1-M-2009 tendría consecuencias de primer orden para la gobernación del País Vasco. En los tres comicios autonómicos precedentes, el brazo político de ETA obtuvo con diferentes nombres 14 (1998), 7 (2001) y 9 (2005) de los 75 escaños del Parlamento vasco, suficientes para condicionar la vida de una Cámara sin partido dominante. La desaparición de la izquierda abertzale de la Cámara de Vitoria haría posible que la eventual alianza entre los partidos estatutistas (PSE y PP) sumase la mayoría absoluta. A la inversa, su presencia en el Parlamento aseguraría a las fuerzas nacionalistas en su conjunto esa mayoría absoluta de la que vienen disfrutando desde 1980.

Esos efectos dispares explican las contradicciones de unos y otros sobre la ilegalización del brazo político de ETA. De un lado, el PSE necesita esa interdicción para llegar al Gobierno pero a la vez teme que los votos de la disuelta Batasuna vayan a parar a otras fuerzas nacionalistas haciéndole perder el primer puesto en la línea de llegada. De otro lado, el PNV confía en que la prohibición de Batasuna acelere el regreso de los hijos descarriados a la casa del padre (con sus votos en el bolsillo) pero tiene miedo a que el nacionalismo en su conjunto pierda la mayoría absoluta de la Cámara.

En las autonómicas de mayo de 2005, el sacrificio de las listas negras de la agrupación de electores Aukera Guztiak invalidadas por el Supremo fue el cimbel que permitió colarse en el Parlamento a las listas blancas de EHAK, inscrito en el registro desde 2002. Frente al 1-M-09, la misión suicida de piloto kamikaze de Aukera Guztiak ha sido reservada a otra agrupación de electores, Democracia Tres Millones (D3M). El papel de submarino de EHAK en 2005 le corresponde ahora a otro partido durmiente, Askatasuna, inscrito en el registro desde 1998.

Pero el auto dictado anteayer por el juez Garzón ha metido en el mismo saco a las listas negras (presentadas en la Junta Electoral el domingo pasado) y a las listas blancas (presentadas al día siguiente): los esfuerzos conjuntos de la recién creada D3M (los tres millones de votantes de la Gran Euskalerría a caballo de España y Francia) y de la vieja marca de la casa Askatasuna ("ilícita desde su comienzo en 1998") "van dirigidos a cumplir las órdenes de ETA" de participar en las autonómicas.

Aunque el Supremo tenga menores dificultades para impedir ese propósito tras el auto de Garzón, la capacidad de organización y la astucia táctica del brazo político de ETA pueden todavía deparar al Estado de derecho la sorpresa de algún as sacado de la manga.