Espías autonómicos

La Comunidad de Madrid cuenta con un servicio de espionaje ilegal, nutrido con dinero público y dirigido desde despachos oficiales, que ha sometido a seguimientos, fotografiado y convertido en objeto de informes a varias personalidades políticas madrileñas, tanto del Ayuntamiento de la capital como del Ejecutivo autónomo, todas pertenecientes al Partido Popular. Éste es el núcleo indiscutible de los hechos, corroborados por abundante documentación, testimonios de personas espiadas e incluso confusas explicaciones de algunos sospechosos de haber espiado. Alguien a muy alto nivel en la Comunidad, uno o varios responsables políticos, viene utilizando métodos propios de dictaduras totalitarias para resolver contenciosos políticos o económicos, en flagrante vulneración de los principios constitucionales y atentando contra los derechos fundamentales.

Mucha tinta ha corrido sobre las divergencias y rivalidades entre las dos fracciones que dividen a los populares madrileños, y de la guerra entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. También sobre la crisis abierta en Caja Madrid, desde que la presidenta de la Comunidad expresó sus deseos de relevar al actual presidente, Miguel Blesa. Pero ni la batalla por el poder en Madrid ni la crisis de la entidad de ahorro deben contar en lo más apremiante de este caso, que es conocer en todos sus detalles hasta dónde ha llegado la vulneración de derechos y libertades y quiénes son los responsables dentro de la Administración de estas actividades ilegales indignas de una democracia.

Lo único que ha reconocido hasta ahora el consejero de presidencia Francisco Granados es que su Gobierno ha encargado a ex policías y guardias civiles labores de contravigilancia y seguridad de edificios. Pero hay constancia y testigos de que, además, bajo su responsabilidad se realizaron pesquisas sobre la corrupción municipal en Ciempozuelos, las mafias de las discotecas o la trama policial de Coslada, todas ellas fuera de sus competencias, algo que permite conjeturar que las redes de espionaje forman parte de una actividad más amplia a cargo de una o varias células a las órdenes de una o más consejerías.

Muchos han venido despachando con chistes, a veces de fondo condescendiente, sobre unos falsos servicios de inteligencia comparables a ridículos personajes del cine o del cómic. Los hechos hasta ahora acreditados por las investigaciones publicadas por EL PAÍS no admiten broma alguna, y aún menos maniobras para desviar la atención, como las declaraciones de Esperanza Aguirre que cargan la culpa del espionaje sobre quienes lo están contando o quienes puedan obtener beneficios indirectos de las peleas internas entre los populares, hasta llegar a la asombrosa teoría de un montaje destinado a desviar la atención ante la pésima situación económica que traviesa España.

Estamos ante un caso muy serio, en el que hay que aclarar el exacto organigrama del equipo o equipos de espías; la cadena de mando entre quienes han tomado la decisión de realizar estas actividades ilegales, han dispuesto de dinero público para efectuarlas y han dado las órdenes concretas y los agentes que las han efectuado; y finalmente el establecimiento de las responsabilidades políticas en las que ha incurrido el Gobierno de la Comunidad, empezando por su presidenta, el vicepresidente, y siguiendo por el consejero bajo cuyo organigrama se presume que han actuado quienes han organizado esta actividad tan despreciable. La falta de un cuadro completo no significa que no haya caso o que nada tenga que ver la Comunidad, como se han hartado de repetir los máximos responsables de su Gobierno, al igual que la inexistencia del arma humeante no constituye prueba de que no se haya cometido un asesinato por bala cuando hay cadáver y hay herida mortal que lo demuestran.