Las herencia societaria del GIL acapara los recursos de EsteponaAstapa sigue

Las empresas municipales de Estepona (Málaga) han vampirizado la economía del municipio en los últimos años. Un informe encargado por el Ayuntamiento esteponero el pasado noviembre ha detectado que el dinero destinado a estas sociedades, muy utilizadas por el Grupo Independiente Liberal (GIL) para disponer de los fondos municipales sin dar explicaciones, creció un 138% desde 2004 a 2007. De los 8,2 millones transferidos en 2004, las partidas fueron subiendo hasta 21 millones, en 2007.

El informe, elaborado por la consultora Ernst&Young, examina las cuentas del mandato en el que Antonio Barrientos -que pasó seis meses en prisión preventiva como imputado en el caso Astapa- tuvo como socios de gobierno a dos ex ediles del GIL, también imputados por corrupción. Uno de ellos, Manuel Reina, ocupaba la concejalía de Hacienda con el Partido de Estepona (PES. posgilista). La época coincide con los años en los que se centra la investigación del juzgado número 1 de Estepona, todavía bajo secreto sumarial.

El informe sugiere subir los impuestos para mejorar la economía

El equipo de gobierno, presidido en minoría por David Valadez (PSOE), encargó el estudio como parte del plan de saneamiento económico que la ciudad está obligada a realizar tras ser declarada "inestable presupuestariamente." Tienen un remanente negativo de tesorería de 64 millones y no podrán tener presupuesto propio hasta que reduzcan las deudas.

El escrito describe una creciente "descentralización administrativa", de forma que se estaban encargando a las sociedades municipales "funciones, actividades y servicios" competencia del Consistorio, e incide en que las transferencias también restaban capital para "gastos de personal, bienes y servicios que el Ayuntamiento gestionaba directamente".

Las sociedades municipales dan empleo a 800 de los 1.200 trabajadores municipales, la mayoría contratados sin proceso de selección, y no pagan, por sistema, los 700.000 euros mensuales que cuestan sus cotizaciones a la Seguridad Social. El municipio negocia con este este organismo una deuda de 42 millones, pero debe 96 millones en total.

Los consultores también subrayan "el deficiente funcionamiento de los servicios recaudatorios". La recaudación de los tributos ha caído casi nueve puntos porcentuales entre 2004 y 2007, lo que contribuye a "tensar la liquidez municipal". Hacen especial hincapié en el "significativo descenso" de los ingresos por Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (ITM) y recuerdan al Consistorio que tiene una "elevada capacidad para generar ingresos tributarios" porque "sólo se está utilizando el 56% del recorrido fiscal permitido".

El urbanismo supuso en 2006 el 51% de los ingresos municipales, pero en 2007 Estepona comenzó a vivir por encima de sus posibilidades. El nivel de ahorro comenzó alcanzar "niveles muy alejados de los mínimos de salud financiera" y contrataron 28,7 millones en préstamos, algo que lastrará la economía si el Ayuntamiento no genera recursos adicionales.La salida de la juez Isabel Conejo del juzgado número 1 de Estepona (Málaga) no ha paralizado la instrucción del caso Astapa. Aunque algunos imputados vieron en su cambio de destino un retraso en la instrucción, en la última semana la juez de apoyo y el fiscal Valentín Bueno han estado tomando declaraciones a algunos imputados y testigos del caso de corrupción municipal. Entre ellos se encuentra el edil del Partido de Estepona (PES), José Ignacio Crespo, según fuentes consultadas.

La nueva instructora también ha pedido en los últimos días dos funcionarios de refuerzo para el juzgado y la Fiscalía ha solicitado uno más para que ayude a escanear el sumario judicial, que ya alcanza un volumen considerable, y otras tareas administrativas. Fuentes de la Fiscalía aseguraron que es probable que el secreto de sumario se prolongue "varios meses".

El Ministerio Público calculaba a finales del año pasado que todavía quedaban pendientes nuevas imputaciones. El caso suma hasta el momomento 63 imputados que han prestado fianzas por 2,4 millones.