"He sentido amenazas e intimidación"

Eran las 5.10 del 29 de julio de 2007. Por undécima vez en dos años, la Policía Municipal inspeccionaba el Balcón de Rosales. En esas fechas, el mando de la policía de Moncloa ya había realizado un informe especial sobre la conflictividad del local. Y ese día, el acta recogió lo que de costumbre: "Actividad sin licencia", "No presenta seguro", "No hay libro de reclamaciones"... Pero, además, se hizo constar la inquietante declaración del policía que pidió esa noche la documentación al encargado de la discoteca: "He sentido amenazas e intimidación para abandonar el local por parte del personal de la discoteca". En esa sala murió Álvaro Ussía el pasado noviembre. Tres porteros están imputados por su fallecimiento y la policía investiga la presunta vinculación de un subinspector con la seguridad del local.

La policía hizo 14 inspecciones entre 2006 y 2008, cinco de ellas por reyertas

Las inspecciones de esa noche y de otras 13 están relatadas en el informe que, a petición judicial, el Ayuntamiento remitió ayer al Juzgado de Instrucción número 43. El resumen lo presentó el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. Un documento con ocho anexos de 2.266 páginas. Y que llega a pocas conclusiones nuevas. La principal: falta coordinación entre la Comunidad y el Ayuntamiento. Y la segunda, que las denuncias más graves fueron remitidas al Gobierno de Aguirre y nunca más se supo de ellas.El informe sobre la discoteca Balcón de Rosales concluye que la Policía Municipal efectuó 14 inspecciones al local entre 2006 y 2008, cinco de ellas por reyertas, según la presentación que hizo ayer Alberto Ruiz-Gallardón. El alcalde, de paso, recordó que la tramitación de los expedientes más graves, los que hubieran llevado aparejada la clausura inmediata del local, correspondían a la Comunidad. El resto de actas se levantaron por ruido, por incumplimiento de horarios y por hojas de reclamaciones.

Tanto el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, como el juzgado que instruye el caso de la muerte de Álvaro Ussía a las puertas de la discoteca a causa de una paliza que le propinaron los porteros, pidieron al Ayuntamiento un informe sobre el local tras producirse el suceso, el pasado noviembre. Dos meses después, y a punto de cumplirse el plazo máximo concedido por el juez, el documento está terminado. 2.266 folios (incluyendo anexos), elaborados por la Inspección General de Servicios.

"La investigación se ha centrado en el análisis de las denuncias policiales", señaló Ruiz-Gallardón. "Las infracciones muy graves establecidas en la Ley de Espectáculos Públicos fueron remitidas a la Comunidad", puntualizó, señalando que desconoce si se instruyeron o no expedientes sancionadores en esos casos. El informe, además, señala y recrimina que el gobierno regional no informara al Ayuntamiento de la suerte que terminaron corriendo esos expedientes.

La Comunidad alegó ayer que entre las denuncias que recibió no había ninguna muy grave (las que le corresponde tramitar, según la ley). Según el informe municipal, sin embargo, podían serlo 25 de las 48 efectuadas.

Por su parte, el Alcalde aseguró que "el Ayuntamiento de Madrid, dentro de sus competencias sancionadoras", sí ha instruido diversos expedientes. Pero una cosa es instruirlos (los hay sobre muchas salas de fiesta madrileñas) y otra ejecutarlos. Precisamente, el local sólo recibió una sanción por ruidos. Además, el documento elaborado por la inspección de servicios señala que algunos expedientes, los menos graves, quedaron sin tramitar.

El Ayuntamiento admitió una "cierta confusión" debido a que son varios los órganos que participan, tanto en la tramitación de expedientes como en el procedimeinto sancionador y en la autorización de licencia.

Y ese es otro punto que sigue sin clarificarse. Porque la concesión administrativa otorgada al Balcón de Rosales llevaba subsumida la licencia urbanística, pero condicionada a informes técnicos favorables. Esos documentos parece que se realizaron, pero la Policía llevó a cabo tantas inspecciones, que nunca se llegó a entregar el acta de rececpción definitiva a la discoteca. Pese a ello, el informe señala que sí tenía licencia. Pero además, el local ya funcionaba como sala de fiestas (según las denuncias policiales), antes de que se le hubiera otorgado la concesión por Pleno en el año 2000.

El documento del Ayuntamiento propone medidas para solucionar los problemas en la tramitación de las denuncias. La primera es revisar las normas sobre las competencias sancionadoras en materia de espectáculos públicos. La otra, crear un órgano que sirva de unión entre quien denuncia y quien tramita los expedientes. Algo que, quizá, hubiera permitido que alguna de las 48 denuncias que pesaban sobre el Balcón de Rosales hubiera terminado en sanción.