Las cajas exigen una reforma legal para reducir la influencia política

Lo insólito deja de serlo en tiempos revueltos. Las cajas de ahorros reconocieron ayer por primera vez que la política está interfiriendo -para mal- en su autonomía. En mitad de una crisis financiera sensacional y, sobre todo, de una crisis doméstica por la agitación sin precedentes en la lucha por el poder en Caja Madrid, la patronal de las entidades de ahorros reclamó al Gobierno y a los partidos que lleven a cabo "las reformas legales que preserven el principio constitucional de autonomía empresarial" de las cajas. Un puñetazo en la mesa que viene a legitimar los requerimientos de organismos internacionales como el FMI o la OCDE, que junto a la Comisión Europea llevan años pidiendo un cambio parecido.

En una declaración institucional se pide preservar la autonomía

La morosidad de las entidades subió al 3,65% en 2008, el máximo desde 1997

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) había restado importancia tradicionalmente a la injerencia política en las cajas. Pero el hartazgo derivado de los sucesivos capítulos en la guerra abierta por el control de Caja Madrid se precipitó ayer con ese inesperado golpe de mano, que puede partir en dos las aguas de la historia de estas entidades.

El Ejecutivo no se opone a reformar la ley si se demuestra la necesidad de un cambio. Pero no quiere presiones. "La legislación no es inamovible", afirmó una portavoz, "pero el ministerio no acepta que haya que reformar la ley para resolverle un problema al PP", en relación a Caja Madrid.

Ése es el quid de la cuestión. La CECA aludió a "acontecimientos recientes" para justificar su petición. La patronal apuntaba ayer sin equívocos al culebrón de Caja Madrid, pero también a otros casos. Los más próximos son los conflictos en Castilla y León, el País Vasco y la CAM. "No es sólo Caja Madrid: cada vez que se abre el proceso de renovación de una caja hay injerencias y declaraciones desafortunadas que dañan la reputación de todo el sector", según fuentes de las cajas.

La composición de los órganos de gobierno de estas entidades se determina por la legislación estatal y autonómica y por los estatutos de cada caja. Eso lleva a una gran disparidad: hay presidentes de comunidades autónomas que presiden cajas (Navarra); hay entidades en las que la presencia de políticos es irrelevante; otras en las que copan los puestos de mando, e incluso se da el caso de leyes a medida para que un determinado presidente siga en el cargo o se vea obligado a abandonarlo.

Las cajas recogían ayer en una inusual declaración institucional -sólo han promovido algo parecido una vez en su historia, para condenar el 11-M- lo que dice la ley, y de paso ponían de manifiesto lo que ocurre en realidad. "Una vez los miembros de los órganos de gobierno han sido nombrados, están legalmente obligados a defender los intereses de su caja, por encima de cualesquiera otros (incluidos los de la entidad pública o privada que los designó)". Traducción libre: eso no ocurre en absoluto, como demuestra el avispero de Caja Madrid.

El presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, ha abogado en varias ocasiones por limitar la presencia de políticos en los órganos de gobierno al 25%, una cifra que figura ya en la ley catalana. La ley estatal eleva ese listón al 50%. "Cada vez que hay un problema en el sector se alude a la debilidad que supone el modelo de las cajas por las interferencias políticas", según fuentes del sector.

Caja Madrid es el último ejemplo -y tal vez el más delirante- de esa debilidad. La entidad vive estos días una auténtica batalla por el poder generada por la imposibilidad de que su presidente, Miguel Blesa, pueda ser reelegido para otro mandato tras la modificación de la ley promovida por la Comunidad de Madrid en pleno proceso de renovación de los órganos de gobierno. La situación se complicó el viernes, en una reunión en la que se aprobó el cambio de presidente de la comisión de control -el órgano que dirige el proceso electoral- con el voto de un socialista que no siguió las directrices de su partido. En medio de las tensiones con el Ayuntamiento de Madrid, la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, consiguió ayer retrasar el proceso electoral, lo que complica el futuro de Miguel Blesa en la caja.

Las tensiones no se detienen. El líder del PP, Mariano Rajoy, pidió el martes que el Banco de España tenga "muchos más poderes de supervisión" sobre las cajas -pese a que los tiene ya al 100%- y defendió su "despolitización". El presidente catalán, José Montilla, remarcó ayer que no permitirá que un cambio en la ley "invada las competencias" de la Generalitat por el enredo en la caja madrileña. El socialista José Blanco aseguró que los políticos y los sindicatos "tienen la llave" para cerrar la guerra en Caja Madrid. Eso es justamente lo que denunciaba ayer la CECA. Más y más presión en un momento delicado: las cajas cerraron 2008 con una morosidad del 3,65%, la mayor desde 1997.