El sector pide socorro

No va más. Las cajas de ahorros, las 45 entidades que representan a la mitad del sistema financiero y tienen un volumen de créditos de casi 900.000 millones, no pueden seguir adelante bajo la asfixia del poder político. Por primera vez en su historia se han atrevido a dar un puñetazo en la mesa y decir, de forma institucional, lo que tantas veces han comentado en privado: que los políticos tienen demasiada capacidad de influencia y hay que cortarles las alas.

En algunos círculos se especulaba ayer con que la decisión institucional de la Confederación de Cajas era un capote para Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, enfangado en plena batalla por mantenerse en el puesto en contra de la voluntad de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad madrileña.

Pero la petición de socorro, acelerada por el descarnado acoso de Aguirre contra la segunda mayor caja y el escándalo de la no fusión de las cajas vascas, va más lejos. Los máximos representantes de las cajas piden un consenso de todos los partidos para cambiar la ley tras comprobar que es papel mojado.

Se supone que un político, cuando entra en una caja, debe olvidarse de las directrices de su partido, pero casi nunca sucede. Por eso, muchas cajas se transforman en prolongaciones de las consejerías de Economía de las autonomías o diputaciones.

Mientras la economía crecía sin descanso, había dinero para todo y los responsables de las cajas callaron y admitieron todas las intromisiones. Pero ya no pueden más porque saben que la crisis exigirá medidas desagradables, como las fusiones entre entidades de diferentes comunidades y los políticos de cada región, que tienen la última palabra, no lo van a permitir.

La alternativa, las fusiones interregionales, puede provocar mayores problemas que los que solucionan. Si una entidad está repartida por toda España no tiene sentido que la autonomía de origen tenga toda la potestad para negar una fusión.

Las cajas, agobiadas por la morosidad, quieren que sea el Ministerio de Economía, con el visto bueno del Banco de España, quien apruebe las decisiones de este tipo. El PSOE y el PP están de acuerdo en modificar la ley, pero ¿se atreverán a hacerlo en plena crisis financiera? ¿Quitarán el poder a los barones regionales?