Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Aguirre pierde la batalla contra la ley antitabaco nacional

La justicia anula el decreto de Madrid que suavizaba la prohibición

Nuevo revés judicial a las políticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el decreto autonómico, aprobado en noviembre de 2006, que desarrolla la Ley Antitabaco de 2005. La justicia tumba así una de las normas con las que Aguirre ha estado desafiando al Gobierno. Su decreto antitabaco es mucho más permisivo que la ley, ya que en la práctica permite fumar en más lugares, como en los bares de los centros de trabajo, y elimina la necesidad de separar físicamente las zonas de fumadores en los locales de más de 100 metros.

La sentencia, con fecha de 30 de diciembre pero hecha pública ayer, estima el recurso contencioso administrativo que interpusieron el Ministerio de Sanidad, la asociación nofumadores.org y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), aunque no entra a valorar cuestiones de fondo, sino únicamente de forma. El tribunal declara nulo el decreto "por haberse omitido en su elaboración el informe preceptivo del Consejo de Consumo" regional.

La sentencia no entra a valorar el fondo del decreto, sólo la forma

Sanidad espera que la presidenta acabe con la tolerancia ante los fumadores

Según la normativa, el Consejo debe "informar preceptivamente de las normas que afecten directamente a los consumidores", recuerda la sentencia. La Comunidad de Madrid alegó que había aprobado su decreto en base a sus competencias en sanidad e higiene, y no a las de consumidores y usuarios, pero el tribunal no ha compartido esa tesis: "Es muy difícil poder deslindar sanidad y derechos de los consumidores -fumadores y no fumadores- como así pretende la defensa de la Comunidad". La ausencia del trámite, continúa la sentencia, "impide que puedan analizarse las restantes alegaciones".

A eso se aferra el Gobierno de Aguirre. "La nulidad es únicamente por un defecto de forma", aseguró ayer a Efe la viceconsejera de Ordenación Sanitaria, Belén Prado, que añadió: "Nunca hemos dejado de cumplir con la ley estatal". La titular del Ministerio de Sanidad en 2006, Elena Salgado, nunca entendió así el decreto de Aguirre. Dijo que suponía una "flagrante violación" de la norma estatal. De hecho, el desarrollo de la ley antitabaco se convirtió en una batalla legal entre Sanidad y las comunidades del PP desde el primer momento. Además de la norma madrileña, Salgado recurrió las de la Comunidad Valenciana, La Rioja y Castilla y León. Pero la de Aguirre era aún "peor", explicó el Ministerio en una nota, porque "va mucho más allá".

El decreto madrileño sólo incluye los espacios de acceso a los clientes a la hora de computar si un local tiene más o menos de 100 metros (cuando se sobrepasa ese espacio el dueño está obligado a habilitar zona de fumadores). Además, permite fumar en los bares de los centros de trabajo si miden más de 100 metros, cuando la ley prohíbe absolutamente el tabaco en las empresas. La norma de Aguirre también autoriza a fumar en celebraciones privadas y reservados de restaurantes y exime a los empresarios de separar físicamente las zonas de fumadores. Únicamente les exige "sistemas de extracción o eliminación" de humos, algo que supone "menos garantías desde el punto de vista de la salud pública que lo que recoge la Ley estatal", afirma en su demanda el abogado del Estado en defensa del Ministerio de Sanidad.

La Comunidad de Madrid puede recurrir en el Tribunal Supremo la sentencia del TSJM. Una portavoz del departamento que encabeza Juan José Güemes aseguró ayer que sus servicios jurídicos todavía están estudiando la sentencia. Si no la recurren, sería firme y por tanto quedaría anulado el decreto autonómico. En caso de acudir en casación al Supremo (que puede tardar entre dos y tres años en pronunciarse), los demandantes podrían pedir la ejecución provisional de la sentencia. "Estamos esperando al movimiento que haga la Comunidad. Al ser una cuestión de forma, nos preocupa que no recurra y elabore de nuevo el decreto, esta vez pasando por el Consejo de Consumo", afirmó ayer la presidenta de nofumadores.org, Raquel Fernández.

Sanidad confía en que Aguirre "entre en razón" tras el fallo y cambie su política antitabaco. "Esperamos que acate la sentencia y no continúe con recursos. Es una buena oportunidad para rectificar y trabajar juntos en busca de una política común", aseguró ayer el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos.

Los pulsos de la presidenta de Madrid

- Educación para la Ciudadanía. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ampara la objeción de conciencia de los padres. En marzo del año pasado anunció que los que se declararan objetores en Madrid quedarán exentos de cursar la asignatura y de ser evaluados. Al existir distintas sentencias de distintos tribunales superiores, la cuestión de si es legal o no objetar a la asignatura ha llegado al Tribunal Supremo, que se pronunciará la semana que viene.

- Listas de espera quirúrgica. Cuando llegó al poder, en 2003, Aguirre cambió el sistema de contabilidad de la lista de espera quirúrgica. Dividió a los pacientes en tres grupos: los de la lista de espera oficial, los excluidos por tener pendiente la visita con el anestesista (lo que demora en unos 30 días la espera media) y los que lo están por negarse a ser operados en una clínica privada. Ese sistema supuso que el Ministerio de Sanidad expulsara a Madrid del cómputo nacional por considerar que incumple la normativa estatal.

- Ley de Dependencia. Madrid se negó desde el principio a comunicar sus valoraciones de las personas dependientes al Gobierno. El Ejecutivo regional aseguraba que su sistema de ayuda a la dependencia previo a la ley estaba muy desarrollado y que más de 130.000 personas con distintos tipos de discapacidad estaban ya siendo atendidas. A 1 de enero, Madrid sólo había registrado 33.500 solicitudes, el 4,62% del total.

- Ayudas al alquiler. Aguirre impugnó a finales de 2007 el real decreto de Renta Básica de Emancipación del Ministerio de Vivienda al presentar un requerimiento de competencia al Gobierno central. Consideraba que la norma invadía sus atribuciones en materia de vivienda en la tramitación de las ayudas. En febrero de 2008 Madrid era la única comunidad que no había aprobado ayudas al alquiler. Aducía razones técnicas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de enero de 2009

Más información