El tripartito choca otra vez con los tribunales por su política de personal

La política de personal del tripartito ha vuelto a salir malparada de los juzgados. El Juzgado de lo Contencioso número 3 de Vitoria ha anulado un concurso de traslados de funcionarios destinado a cubrir casi 200 puestos de jefes de servicio en la Administración general porque utiliza la fórmula de la entrevista y las pruebas prácticas con carácter eliminatorio para seleccionar al personal, en lugar de emplearlas como un instrumento más para sumar puntos. La sentencia da la razón al sindicato UGT, que es el que había planteado el recurso contra las bases de la orden que regulaba el concurso para estos puestos, de gran trascendencia al tratarse de una especie de personal directivo. Mediante la entrevista, "el Gobierno dispone del mejor instrumento para colocar en esas plazas a los funcionarios que le interesen", recalca Javier González, secretario de Acción Autonómica de la Federación de Servicios Públicos de UGT.

El Ejecutivo utiliza la entrevista para cubrir los puestos más altos

Alrededor de 400 funcionarios optaban a cubrir 193 puestos

En el caso de esta sentencia, ya llueve sobre mojado. En mayo del año pasado, el Tribunal Superior vasco echó abajó el procedimiento utilizado por el Gobierno para adjudicar las comisiones de servicio porque también se basaba en el uso de la entrevista. El tribunal consideró que la "acusada subjetividad" de ésta la hace "incompatible" con los principios de mérito y capacidad, que son los que rigen el acceso de los ciudadanos a la condición de funcionario y sus movimientos posteriores (los concursos de traslados o las comisiones de servicio en el seno de la Administración).

Los conflictos entre el Departamento de Hacienda y Administración Pública, que es el responsable de las pruebas y que está dirigido por la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, y los tribunales por la forma de seleccionar al personal resultan recurrentes en los últimos años. A mediados de diciembre, el Superior suspendió otra oposición, esta vez de funcionarios locales, que estaba plagada de errores. Y remontándose en el tiempo, se comprueba que los funcionarios que sacaron plaza en la Oferta Pública de Empleo celebrada en 2000 no tomaron posesión de las mismas hasta 2006 por los recursos de funcionarios e interinos que tuvo que sortear y salvar antes el Ejecutivo.

El último encontronazo afecta a una parte del concurso de traslados convocado en noviembre del año 2007 con un total de 840 plazas para cubrir puestos de subalterno, administrativo, auxiliar administrativo, técnicos y jefes de servicio. Ha sido en este último colectivo (193 plazas a las que se han presentado más de 400 funcionarios) donde se han producido los problemas.

Mientras que en el resto de grupos, los tribunales calificadores sólo han tenido en cuenta la relación de méritos de los aspirantes (experiencia, cursos, conocimiento de idiomas), en el caso de los jefes de servicio (de los niveles más altos en la escala de la Administración y con una remuneración en torno a los 60.000 euros brutos anuales), los candidatos debían superar el filtro de una prueba práctica y la entrevista conductual estructurada. Ambas eran de carácter eliminatorio. Este tipo de entrevista elimina, según sus creadores y valedores muchas de las deficiencias de las tradicionales porque establece criterios claros para los entrevistadores y asegura gran fiabilidad.

Se trata de una práctica que el Gobierno puso en marcha hace dos años, tras una reforma administrativa, y que le permite escoger a su gusto a los candidatos. La sentencia del juzgado de lo Contencioso establece que la entrevista no figura en la Ley de Función Pública Vasca como un sistema dispuesto por el legislador para la provisión de los puestos de trabajo, por lo que carece de un sustento legal. Y recalca que no es un sistema válido para acreditar "el conjunto de méritos de un funcionario" para ocupar un determinado puesto de trabajo.