Justificado endeudamiento

Nunca desde la Gran Depresión tantas economías, tan importantes en la escena mundial, habían estado inmersas en una recesión tan profunda y sin que se pudiera atisbar un final. A pesar de los meses transcurridos desde la emergencia de la crisis crediticia estadounidense que originó la actual recesión global, las señales de inestabilidad en los sistemas bancarios desarrollados no han concluido. Esta semana han sido otra vez grandes nombres de la comunidad bancaria mundial los que han precisado del apoyo con dinero de los contribuyentes. Las nacionalizaciones están a la orden del día, con la Administración de G. W. Bush a la cabeza, pero con contribuciones también significativas de los Gobiernos alemán, holandés, británico o japonés.

No les falta razón a los contribuyentes de esos países al mostrar, en el mejor de los casos, su escepticismo acerca del destino de sus impuestos. Pero, en su mayoría, los Gobiernos están haciendo bien en tratar de evitar que problemas de solvencia en algunos bancos o compañías de seguros acaben colapsando el sistema de pagos de sus economías. Evitar la quiebra de grandes bancos hoy es de todo punto necesario, pero no lo es menos que esas actuaciones de las autoridades sean absolutamente transparentes y, en todo momento, vayan acompañadas de planes de recuperación de esos fondos que anticipan los contribuyentes, con cargo a un mayor déficit presupuestario y un aumento de la deuda pública.

La otra fuente de inquietud es el aumento del gasto público asociado a las pretensiones no menos justificadas de compensar el pronunciado desplome de la demanda agregada de la mayoría de las economías de la OCDE. La última en anunciar un segundo estímulo ha sido la alemana: 50.000 millones de euros en dos años. Una vez tome posesión el nuevo presidente estadounidense, conoceremos la cuantía definitiva del nuevo plan de estímulo.

El resultado de todo ello es un aumento de las emisiones de bonos públicos y una razonable inquietud de los inversores. Las agencias de calificación crediticia, por su parte, tratan de responder a esa inquietud, pero, como ya ocurriera en ocasiones anteriores, no siempre concretan sus advertencias a tiempo ni en las economías con mayores riesgos. Así ha ocurrido esta semana con la advertencia de Standard & Poor's sobre la calificación de la deuda a largo plazo de España, cuando ésta es de una cuantía manifiestamente inferior al promedio del resto de los países de la OCDE, por ejemplo.

Las anomalías en el funcionamiento de esas agencias en modo alguno deberían servir para que economías como la española eludieran la necesaria disposición de un plan de saneamiento a medio plazo, una vez desaparezcan los muy serios riesgos que pesan sobre el bienestar de los españoles. La prioridad hoy no es sanear unas finanzas más sanas que la media de la eurozona, sino atajar el más galopante crecimiento del paro y la mortalidad empresarial. Más tarde habrá que volver a la senda de rigor y estabilidad que no sólo la UE exige, sino el propio sentido común. Mientras tanto, el Gobierno ha de procurar invertir no sólo para compensar el desplome de la inversión privada, sino para fortalecer el stock de capital público español. Ello no debe impedir la estricta supervisión de la transmisión del crédito a las empresas y familias.