La UE plantea una moratoria de los planes urbanísticos insostenibles

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo considera imprescindible una moratoria para los nuevos planes urbanísticos que no respeten los criterios "rigurosos" de sostenibilidad ambiental y no garanticen el derecho de la propiedad y, además, plantea frenar aquellos otros programas que no tengan asegurada el agua. Estas son las principales conclusiones del borrador del informe sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, en el medio ambiente y en la aplicación del derecho comunitario, elaborado por la eurodiputada danesa Margrete Auken, del grupo de Los Verdes.

La eurodiputada expondrá el próximo martes el documento a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En esa sesión, el documento se someterá a un nuevo debate para su aprobación. Aparte, de los eurodiputados de los distintos grupos, en el acto intervendrán un representante de la Generalitat Valenciana y un portavoz del colectivo Abusos Urbanísticos No.

La Comisión resalta que se ha vulnerado el derecho a la propiedad

Achaca la masiva construcción de la costa a la avaricia y la especulación

Si finalmente el informe recibe el visto bueno, se fijará un calendario (incluye plazo para la presentación de enmiendas e informes de opinión de otras tres comisiones de la Eurocámara) antes de ser debatido en el pleno del Parlamento Europeo. Este extremo no se producirá antes del próximo mes de marzo, según distintas fuentes oficiales consultadas por este periódico.

La propuesta de resolución al Parlamento Europeo que recoge el borrador de la eurodiputa Auken incluye 19 peticiones. La ponente del informe expone hasta un total de 23 consideraciones para justificarlas. Las más destacadas hacen referencias al choque de la normativa urbanística estatal y regional en materia ambiental con las directivas europeas y los supuestos abusos cometidos sobre el "legítimo" derecho a la propiedad. Sobre este último punto remarca que el Tribunal Constitucional "no ha proporcionado una interpretación exhaustiva del artículo 33 de la Constitución española que alude al derecho a la propiedad".

El informe destaca que en el curso de la actual legislatura, la Comisión de Peticiones, "ha informado en tres ocasiones de la magnitud de los abusos contra los derechos legítimos de los ciudadanos europeos sobre sus bienes legalmente adquiridos en España". La ponente alude a la inquietud de la Comisión "respecto a los procedimientos de contratación pública, por lo general en relación con las deficiencias en el control de los procesos de urbanización por parte de las autoridades de comunidades autónomas y locales de España".

Auken señala la lentitud de los tribunales ante el reto de "la urbanización excesiva", y precisa: "El Parlamento ha observado que los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida y que las sentencias dictadas en muchos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos". La eurodiputada advierte de que esta actividad, respaldada por autoridades locales y regionales "irresponsables" a través de una inadecuada legislación, ha dañado la imagen de España en Europa.

El informe de Margrete Auken resalta que la mayoría de los planes urbanísticos denunciados han acarreado la reclasificación de suelo rural "para provecho económico considerable del agente urbanizador y el promotor". La europarlamentaria asegura que España, y en especial la costa del Mediterráneo, ha sufrido una destrucción masiva en la última década, a consecuencia del urbanismo salvaje, "y todo por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción".

Los pilares del documento de la eurodiputada danesa (tres años después del primer informe de Bruselas sobre los efectos del urbanismo salvaje) han sido las tres visitas que miembros de la Comisión de Peticiones han realizado sobre el terreno a España, las 186 peticiones recibidas sobre supuestos abusos urbanísticos planteadas y avaladas por unas 15.000 firmas, y la denuncia de Los Verdes sobre 250 proyectos urbanísticos que no tienen garantizada el agua.

En los tres apartados, el protagonismo del urbanismo valenciano ha sido estelar. Miembros de la Comisión de Peticiones han inspeccionado sobre el terreno en tres ocasiones los municipios valencianos que incluyen programas urbanísticos rayanos en el urbanismo salvaje. En la última visita, en febrero de 2007, los representantes de la Comisión pasaron, entre otras, por las poblaciones de Orihuela, Catral, Torrevieja, Oropesa, Parcent, Cullera y Oropesa.

El grueso de las 186 peticiones ha sido formulado por residentes en la Comunidad Valenciana. Éstos han planteado supuestas vulneraciones del derecho a la propiedad en los procesos de urbanización o reparcelación de programas de actuación urbanística (PAI) que afectaban a edificaciones ya consolidadas.

Y también en el tercer bloque (la denuncia de Los Verdes sobre planes urbanísticos tramitados sin tener garantiza el agua ni con el informe favorable de los organismos hidrológicos competentes) la Comunidad Valenciana se ha llevado la palma. Los grandes PAI que se proyectan en el territorio valenciano (entre ellos el plan Rabassa, Nou Mil·leni o el Manhattan de Cullera) se encuentran en la lista objeto de una investigación por parte de la Comisión.

Los eurodiputados valencianos mantienen una opinión disímil respecto al informe Auken. Así, José Manuel García Margallo, del Grupo Popular, califica de "grueso calibre los considerandos del informe referidos a la hipotética vulneración del derecho a la propiedad". El eurodiputado del PP reclamó la presencia de un representante del Gobierno español para explicar a la Comisión "todas esas acusaciones". Mientras, el eurodiputado del PSOE Vicent Garcés subraya que el sentido final del voto de su grupo al informe en el pleno del Parlamento está supeditado a "la resolución de la denuncia sobre la Ley Valenciana de Urbanismo que instruye el Tribunal de Estrasburgo, el informe oral de la ponente ante la Comisión de Peticiones el martes y la evolución de la crisis que atenaza al sector inmobiliario y de la construcción".

El colectivo Abusos Urbanísticos No (la entidad que surgió en 2005 en La Marina ante el aluvión de denuncias de afectados) expresó su conformidad con la argumentación y propuestas del informe y reiteró su crítica al urbanismo valenciano, "que no ha resuelto una situación insostenible".