Un ex senador en boca de todos

"Cuando tuve conocimiento de la desafortunada iniciativa del señor Mujika [diputado foral de Hacienda] de dar publicidad a lo presuntamente descubierto en Irún, llamé por teléfono al señor Chacón [letrado de la Diputación de Guipúzcoa]". Así valoraba Víctor Bravo Durán (San Sebastián, 1954) el anuncio del equipo de gobierno de Joxe Joan González de Txabarri de investigar las supuestas irregularidades cometidas en la Hacienda de Irún entre 1995 y 2003. Entonces, el todavía senador del PNV no era consciente de la bola de nieve que empezaba a correr y simplemente creía que volvía a verse "perseguido" por Fernando Argote Pons, un ex funcionario de la Hacienda guipuzcoana, y Garbiñe Garagarza Etxaniz, una pareja que meses atrás acabó por llevarle ante los tribunales por un confuso plan de inspección fiscal a joyeros aunque el juez archivo las acusaciones, procedentes de una grabación no permitida.

Un funcionario de la Hacienda foral denunció varias veces a Víctor Bravo

La duda sigue aún: ¿qué sabía el director de Hacienda de los pagos en Irún?

Defensor de su inocencia, Víctor Bravo siempre se ha considerado una víctima. A tal punto que puso su cargo a disposición del PNV (mayo 2007) a pesar de resistirse durante varias semanas. No quería perjudicar al partido al que se afilió poco después de la traumática escisión, avalado por Egibar e Iturzaeta, un veterano agente inmobiliario. En su renuncia se comprometió a "asumir políticamente" su responsabilidad como director de Hacienda foral. Apenas 20 meses después, la comisión de investigación del caso Irún en las Juntas le considera doblemente responsable: en el aspecto político y en el "no funcionamiento de control interno" en el departamento, que facilitaba una débil vigilancia del fraude.

La contundente carga del informe de la comisión de Juntas prolonga la sombra que persigue a Víctor Bravo desde que estalló este escándalo y de una manera más insistente desde que la juez Inmaculada Ovejero acotó la lista de imputados. Aunque el informe que se votará el próximo jueves en la Cámara guipuzcoana carece de efectos prácticos, mientras sigue adelante el proceso judicial, el golpe político al PNV llega en un momento especialmente inoportuno para sus intereses, como ya ocurriera con la investigación abierta a su afiliado Jon Jauregi en vísperas de la precampaña foral.

Víctor Bravo acaparó un reconocido poder durante sus doce años (1991-2003) al frente de la Hacienda guipuzcoana. Las intempestivas relaciones con Fernando Argote sacaron a la luz incómodos incidentes afrontados por Bravo, alguno de los cuales llegó hasta la Audiencia Provincial. En todos los casos se sustanciaron sin condena imputaciones contra Bravo en relación a expedientes de deudas fiscales pendientes por parte de empresas o particulares, que han llegado en unos casos a la Ertzaintza, en otros a la Dirección General de Régimen Jurídico o a los propios juzgados.

Por todo ello, y en base a la holgada situación económica de Bravo, quien hasta que estalló el escándalo nunca se recató en demostrarlo dentro y fuera de San Sebastián, la imputación y posterior envío a la cárcel de su hermano José María avivaron los rumores sobre su grado de conocimiento en los modos de gestión aplicados en la Hacienda de Irún. El principal acusado del desfalco en esta oficina tributaria accedió al cargo en 1990 cuando Víctor Bravo fue nombrado Jefe del Servicio de Recaudación de Hacienda.

Pero el ex senador siempre ha creído que su hermano "no tiene nada que ver" con el fraude de Hacienda. Sin embargo, Víctor Bravo perdió los nervios ante los medios informativos cuando la juez de Irún decidió el primer envío a prisión de su hermano. Una violenta reacción que tampoco contribuyó a acallar las sospechas sobre si el ex director de Hacienda había tenido noticias acerca de algunos sistemas de pagos directos en la oficina de Irún. Eso sí, hasta entonces, los hermanos Bravo habían compartido la firma en la compra de varias propiedades e iniciativas empresariales.

Aunque incómodo por las acusaciones vertidas desde las Juntas, que volverán a atronar el próximo jueves, Víctor Bravo sabe que ahora las consecuencias inmediatas son para su partido, donde siempre ha sabido mantener buenas relaciones. Durante su mandato en Hacienda fue abierto un expediente al conocerse el pago en persona de 108.000 euros que había hecho Maite Moneo, esposa del dirigente del PNV y ex consejero de Cultura Luis María Bandrés, contra una deuda fiscal que ascendía a 587.214 euros.