A la calle por las casas ilegales

A la calle en defensa de sus casas ilegales. La comunidad británica asentada en la comarca del Almanzora y el Levante, en Almería, se manifestó ayer por la capital para presionar a la Junta y exigir "soluciones" para sus viviendas. Unas 200 personas, de un total de 5.000 extranjeros comunitarios afectados por el problema, en su mayoría británicos jubilados, acudieron a la protesta convocados por el colectivo Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN).

Durante la marcha los extranjeros exigieron un trato "justo y humano" para quienes compraron "con buena fe" sus casas a precio de mercado y han acabado siendo víctimas "de un escándalo". La fecha de la protesta, 9 de enero, se hizo coincidir con el primer aniversario de la demolición de una casa ilegal en Vera, propiedad de una familia británica para quienes sus compatriotas pidieron ayer compensaciones y una indemnización.

"Se habla mucho de casas y viviendas ilegales. ¿Cómo es posible que un Ayuntamiento de un pueblo de 1.000 habitantes desconozca la existencia de una urbanización ilegal a un kilómetro de su casco histórico? ¿Cómo es posible que un notario desconozca que las casas que está escriturando son ilegales? ¿Cómo puede ser que una promotora construya casas en ramblas?", preguntaba uno de los portavoces de AUAN, Lenox Napier, a los manifestantes antes de iniciar el recorrido hasta la Delegación de Vivienda y Ordenación del Territorio en Almería.

Al término de la marcha representantes de AUAN se reunieron con el delegado de Vivienda, Luis Caparrós, quien pidió "tranquilidad" al colectivo.

En el último año, la Junta y ocho ayuntamientos de la Comarca del Almanzora han inventariado un 60% de las alrededor de 5.000 viviendas ilegales de las que son propietarios los ciudadanos británicos. Caparrós precisó que los municipios de Cantoria y Albox han comenzado a realizar modificaciones puntuales en los planes urbanísticos para legalizar las casas.

Para la comunidad británica existe una "preocupante arbitrariedad" en la política de regularización de las viviendas en función del partido local que gobierna cada municipio. Por ellos, durante la protesta los manifestantes también pidieron la creación de una comisión de investigación y una moratoria de las demoliciones.