Manzano dio la concesión al Balcón de Rosales en 2000 pese a infringir la ley

Parte de la discusión administrativa que generó la muerte de Álvaro Ussía a manos de los porteros del Balcón de Rosales el pasado 15 de noviembre giró en torno a si el establecimiento tenía o no licencia. El Ayuntamiento alegó en todo momento que la concesión administrativa que se le otorgó en octubre de 2000 al local llevaba subsumido el correspondiente permiso de funcionamiento. La Comunidad, por su parte, sostuvo que no lo tenía y que, por tanto, era como si no existiera. La Policía Municipal se limitó a constatar que no había ningún documento que acreditase que el local podía estar abierto y funcionar como discoteca y a pedir, por ello, el cese de actividad en siete ocasiones.

"Es una historia de repetidos incumplimientos", denuncia el PSOE

El problema, según las denuncias policiales y un informe municipal de uso interno al que ha tenido acceso EL PAÍS y que el Ayuntamiento ha declinado comentar, es que el local donde murió Ussía ya funcionaba como discoteca sin licencia antes del acuerdo plenario que le otorgó la concesión. Pese a ello, el Consistorio, entonces gobernado por José María Álvarez del Manzano (PP), lo premió con un permiso que no hacía más que legalizar lo que llevaban haciendo al margen de la ley y denunciado por la policía desde hacía meses.

Y de eso, según el informe interno realizado por el área de Medio Ambiente en septiembre de 2006, cuando la dirigía Paz González, ya tenía constancia la Comunidad de Madrid incluso cuando estaba presidida por Alberto Ruiz-Gallardón. Precisamente, su gobierno se interesó en hasta cuatro ocasiones por el estado de la licencia del Balcón de Rosales. La primera vez, según el documento, fue el 27 de enero de 1999, cuando la entonces Dirección General de Protección Ciudadana remitió una carta a la Junta Municipal de Moncloa, a la que pidió una copia de dicha licencia. Obviamente, nunca la recibió.

Además del informe, consta una denuncia de la Policía Municipal del 16 de julio de 2000. Según documento redactado ese día por el oficial de turno, a las 3.50 había 176 personas en el interior del local "que efectuaban consumiciones". Sin embargo, la única licencia que tenía en aquella época el Balcón de Rosales era para ejercer la actividad de Pasaje del Terror, que se le había concedido en 1991. Nada más.

Por ello, la Policía Municipal pidió a la Junta Municipal de Moncloa el cese de la actividad del local. Como en las siete ocasiones posteriores en las que se produjo dicha solicitud, se hizo caso omiso de la policía.

"Desde Medio Ambiente se tenía conocimiento de estas irregularidades. Ellos son los responsables de la concesión y no hubo ningún control sobre ella", denuncia el portavoz municipal socialista, David Lucas. "Ha sido una historia repetida de incumplimientos y, pese a eso, se ha ido renovando la concesión. Tras el asesinato, en vez de rescindirla completamente, se le mantienen privilegios como la explotación del teleférico", insiste Lucas.

En 1967, el Ayuntamiento madrileño adjudicó, mediante concurso público, la construcción y explotación del teleférico. Un gigantesco juego de cables y cabinas suspendido entre Pintor Rosales y la Casa de Campo. El canon que la empresa Teleférico Rosales, SA, debía abonar al Ayuntamiento se fijó en 1.953,54 euros. En 1975 la misma empresa obtuvo la autorización municipal para la cafetería a cambio de 1.322 euros más. En 1991 se autorizó la instalación de la atracción el Pasaje del Terror en uno de los pies del teleférico. Se sustituyó el antiguo canon y se estableció uno nuevo conjunto de 6.010 euros anuales. Además, si los viajeros del teleférico superaban anualmente los 640.000 (eso es casi un quinto de la población madrileña montado en las cabinas), debían pagar un suplemento de canon ligado a la taquilla que hicieran.

En el año 2000 llegó el momento de Balcón de Rosales. La concesión de toda la explotación del teleférico y el resto de instalaciones caducaba en 2002. Pero el Ayuntamiento consideró que como la empresa del teleférico tenía que hacer unas obras de adecuación de la potencia eléctrica y de mantenimiento de las instalaciones que iban a costarle 70 millones de pesetas (420.000 euros), tenía que ser compensada.

Así que se amplió la concesión 15 años más y permitió que al antiguo Pasaje del Terror se uniera una sala con licencia de café-espectáculo que llevaba ya tiempo funcionando como tal sin permiso.