Interior localiza a 389 víctimas de ETA que no han cobrado indemnización

Al menos 389 víctimas directas del terrorismo -heridos, viudas e hijos de fallecidos, sobre to-do-, la mayoría por atentados de la banda terrorista ETA, no han sido indemnizadas, a fecha de diciembre de 2008. Es la conclusión del programa de localización de víctimas impulsado por la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo después de estudiar 187 sentencias dictadas por los tribunales entre 1996 y 2006. La cuantía abonada hasta la fecha por el Estado a las víctimas localizadas tras esa revisión de sentencias es de 3.227.760,67 euros.

Entre las sentencias en las que había víctimas del terrorismo sin indemnizar están las de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, a finales de 1987; las del atentado de la calle Corazón de María y las del curso de Suboficiales de la Dirección General de la Guardia Civil, ambas en Madrid, también en los años ochenta; las de los atentados de la Expo de Sevilla; contra policías nacionales y en los Juegos Olímpicos, ambos en Barcelona, y las del atentado de Armilla, en Granada.

Nadie les informó porque no eran parte en los juicios y no estaban asociadas

El origen de esta historia se remonta a los actos de conmemoración del vigésimo aniversario, el pasado 19 de junio de 2007, del mayor atentado de la historia de ETA, el de Hipercor de Barcelona, que costó la vida a 21 personas. En ese acto, la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) advirtió al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de que algunas de las víctimas del atentado de Hipercor no habían sido indemnizadas.

La Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo inició una investigación y concluyó que a 11 heridos directos, algunos graves, en el atentado de Hipercor, no se les había notificado las sentencias penales, la última del 23 de julio de 2003, como víctimas de atentados. Estas personas no tenían representación en el proceso y nadie les comunicó sus derechos. Ni la Audiencia Nacional ni el Gobierno de entonces ni las asociaciones de víctimas lo hicieron porque no estaban asociados.

Aunque la legislación española exige a los destinatarios de las indemnizaciones como víctimas del terrorismo que la soliciten previamente -los plazos máximos son de un año después del atentado y de seis meses, tras la sentencia-, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo interpretó que los derechos de las 11 víctimas de Hipercor no habían caducado porque nadie les había informado de los mismos. Consultada la Abogacía del Estado, respaldó dicha interpretación.

Esta oficina de Víctimas dedujo que si 11 heridos del ataque de Hipercor, pese a la notoriedad pública del atentado, desconocían sus derechos y no habían percibido indemnización, habría otros muchos casos similares, por lo que puso en marcha el programa de localización de víctimas en colaboración con la Audiencia Nacional.