La búsqueda "no fue fácil"

La Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo decidió en 2006 retomar su investigación para localizar a víctimas no indemnizadas desde la sentencia del caso Hipercor hasta diez años atrás. Esos diez años son los que acumulan más sentencias sobre el terrorismo etarra, porque los tribunales juzgaron los atentados más violentos de la historia de ETA, los de los años ochenta.

No obstante, quedan aún por rastrear las víctimas de las sentencias de los tribunales anteriores al año 1996. Cuando se actualice, crecerá el número de 389 víctimas directas no indemnizadas pese a tener reconocido ese derecho.

La tarea de localizarlas "no fue fácil", según el director general, José Manuel Rodríguez Uribes. Contó con la ayuda de la Brigada de Documentación de la policía, que facilitó información sobre el último domicilio en el que renovaron el DNI y algún teléfono fijo que "no estaba operativo". La localización se fue consiguiendo con ayuda, incluso, de vecinos. A partir de ahí, se telefoneó a las víctimas no indemnizadas y se les explicó la pretensión de hacer efectivos sus derechos económicos.

En la carta que envió a las víctimas localizadas, Rodríguez Uribes les recordó que la legislación establece dos momentos indemnizatorios. El primero es el "anticipo", la ayuda económica que, previa solicitud de la víctima antes del primer aniversario del atentado, resuelve Interior en aplicación de las leyes de víctimas. La segunda parte deriva de la sentencia firme del tribunal que lo juzga. La víctima percibe la diferencia entre sentencia y anticipo. Esta historia ha mostrado que numerosas víctimas desconocían que para beneficiarse de sus derechos tenían que solicitarlo, porque la Administración no actúa de oficio.