El pacto sobre la justicia le estalla en las manos al Gobierno

El pasado 24 de julio, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy firmaron en La Moncloa un pacto para la Justicia que ahora le explota en las manos al Gobierno. Cinco meses después el PSOE mantiene el enfrentamiento con el renovado Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional sigue empantanado y se prepara una insólita huelga judicial. El pacto no ha desactivado el problema.

El acuerdo incluía la renovación de dos órganos institucionales -Poder Judicial y Constitucional-, y sólo el primero se ha cumplido. Pero el caso Mari Luz ha puesto de manifiesto un nuevo enfrentamiento, liderado por el presidente del Ejecutivo, con el órgano de gobierno de los jueces y hasta el PSOE descalifica ahora al Consejo que pactó entonces.

El Tribunal Constitucional ha batido el récord de interinidad

El PP, reticente a que Carlos Dívar comparezca por la sanción a Tirado

El PSOE mantiene ahora el pulso para forzar la comparecencia del presidente del Consejo, Carlos Dívar, en el Congreso. El PP es reticente a apoyar esa comparecencia, según fuentes populares, que estudiarán con detalle el reglamento de la Cámara para determinar si debatir sobre un asunto sub iúdice afecta a la separación de poderes y, en todo caso, subrayan que el PSOE está utilizando esa petición.

En el Constitucional, el PP ha logrado ya su objetivo de que sea el Tribunal con su composición anterior el que decida sobre el trascendente recurso contra el Estatuto de Cataluña. El Constitucional bate ya todos los récords sin ser renovado: ha cumplido un año con un tercio de sus miembros en situación de interinidad.

El Gobierno del PSOE renunció, para alcanzar el pacto por la Justicia, a gran parte de sus posiciones y de su programa electoral, y debe hacer frente a una huelga de jueces sin precedentes que se cuece para el 21 de enero. Los resultados de ese acuerdo fueron entonces contestados en el PSOE y en sectores progresistas de la Justicia. Para cerrar el pacto, el Gobierno guardó en el cajón un borrador de reforma del Consejo General del Poder Judicial que elaboró el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Incluía el cese automático de funciones del Consejo cuando acababa su mandato y la exigencia de responsabilidades de sus miembros, estableciendo la obligación de comparecer en el Congreso para dar cuenta de sus decisiones, entre otras novedades. En el inicio de esa negociación, los socialistas aceptaron todas las peticiones del PP para hacer posible la renovación del Consejo. Por ejemplo, que el bloque conservador mantuviera la mayoría de bloqueo para decisiones trascendentes y, sobre todo, que los vocales de procedencia judicial procedieran casi todos de las dos asociaciones mayoritarias, la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia. No entró ningún independiente, ni miembros de asociaciones minoritarias, y el PSOE sólo pudo dar entrada a uno de Francisco de Vitoria. El resultado de ese acuerdo fue un Consejo que ahora ha sido descalificado con dureza por el PSOE por "debilidad extrema" y por defraudar al Congreso. En la resolución sobre la sanción al juez Rafael Tirado -responsable de no ejecutar una orden de prisión contra el hombre que después presuntamente asesinó a Mari Luz Cortés-, los vocales de procedencia judicial han actuado como un bloque compacto, como corresponde a su adscripción asociativa. Y Carlos Dívar ha tenido un papel activo en mantener la sanción de 1.500 euros a Tirado.

La última renuncia del PSOE en esa renovación fue el nombramiento del presidente, pactado por Zapatero con Rajoy. Renunció a su capacidad de nombrar un presidente progresista como le correspondía e incluso a uno que no procediera de la judicatura. La presidencia de Dívar desnivela la mayoría progresista, por ejemplo, para el futuro informe sobre la Ley del Aborto. Ese dictamen no es determinante pero será importante ya que el PP ha apuntado que dará la batalla de la judicialización del aborto con un recurso al Constitucional contra la anunciada ley de plazos. Así, el PP podría recibir combustible político con un informe crítico del Consejo a la ley de plazos.

Para el Constitucional, el PSOE aceptó renunciar a vetos y el PP lo utilizó para promover a Enrique López y Francisco Hernando al alto tribunal, a propuesta de las comunidades autónomas, para forzar así el bloqueo de la renovación.

Del pacto de la Justicia ha salido el acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el funcionamiento de la oficina judicial y para garantizar la tramitación y aprobación de la reforma del Código Penal, que establece, por ejemplo, el control de terroristas y pederastas tras el cumplimiento de su condena. No le ha permitido al Gobierno evitar el desgaste de hacer frente a la anunciada huelga de los jueces. El Gobierno tendrá difícil el apoyo del Consejo frente a esa protesta. Su voluntad de modificar el régimen de sanciones no apaciguará los ánimos en las asociaciones mayoritarias de jueces, que copan el Consejo como resultado de la negociación entre el PP y el PSOE. Ayer mismo, el portavoz de la APM, Antonio García, arremetió contra Zapatero y mostró su radical oposición a la modificación del régimen disciplinario, informa Europa Press. Esta asociación es mayoritaria en la carrera judicial y en el Consejo.

El Gobierno ha aparcado también la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorgue al fiscal la capacidad de instruir y las reformas legales de desarrollo del Estatuto de Cataluña, es decir, la creación de consejos autonómicos y la cesión de competencias del Supremo a los tribunales superiores de cada comunidad.