El uranio de Andújar, en los juzgados

Afectados piden que se reconozcan sus dolencias como enfermedad profesional

Después de dos décadas de luchas infructuosas en los ámbitos político y judicial, los ex trabajadores de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) no están dispuestos a tirar la toalla para que se les reconozca como enfermedad profesional sus dolencias por distintas patologías asociadas a su exposición al uranio durante 22 años.

El pasado mes de junio, la asociación que reúne a antiguos empleados y a las viudas -ya han fallecido 55 de los 126 miembros de la plantilla, muchos de ellos por distintos tipos de cáncer- recibió un jarro de agua fría a sus aspiraciones tras las resoluciones desfavorables del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Un informe señala daños en el aparato respiratorio y en los riñones
Tras cerrar la fábrica se enterraron hasta los árboles cercanos

Ahora buscan un último cartucho para hacer realidad sus reivindicaciones a través de la vía laboral. Los juzgados de lo Social de Jaén han señalado hasta el próximo 19 de febrero un total de 45 demandas planteadas por ex trabajadores y viudas y que, en caso de estimarse, supondría revalorizar sus pensiones en una media de 500 euros al mes.

La FUA estuvo abierta entre los años 1959 y 1981 gestionada por la extinta Junta de Energía Nuclear. Trataba mineral de uranio para la obtención de concentrado de óxido de uranio con una pureza del 80% al 90%, que, posteriormente, se transportaba en bidones a Francia o Estados Unidos para su utilización en los reactores de las centrales nucleares.

El abogado de los ex trabajadores, Manuel Ángel Vázquez, había solicitado del Ciemat historias médicas e informes radiológicos de los empleados desde 1959, pero ese organismo dependiente del Ministerio de Educación e Innovación ha circunscrito los informes a años posteriores. Según unos análisis de orina de 1964, los empleados tenían en torno a 116 microgramos de uranio por litro, cuando el límite de seguridad estaba en 0,8 microgramos. Pero los trabajadores no eran conscientes del peligro que corrían, pues el dosímetro personal que portaban cada uno de ellos siempre estaba defectuoso, según apuntan. Así fue hasta que, una vez cerrada la fábrica, comprobaron cómo se enterró todo, desde las mesas y las sillas que ellos utilizaban hasta los árboles de los alrededores.

El Ciemat desestimó, por haber prescrito, la reclamación patrimonial de la asociación de ex trabajadores de la FUA, por la que pedían al Estado una indemnización de 12 millones de euros por daños y perjuicios, resolución que no han recurrido los antiguos empleados.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo emitió otro informe en el que concluye que sus patologías "no tienen su origen en la contingencia de enfermedad profesional". Sólo se han hecho, hasta el momento, cuatro excepciones, las de dos viudas y un antiguo empleado de Andújar y la de un antiguo directivo de Madrid.

Sin embargo, la resolución de la Seguridad Social contrasta con el informe "científico técnico", suscrito por el subdirector de Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía, Juan de Dios Villar Doncel, en el que indica que de las pruebas practicadas a los ex trabajadores se desprende que "han existido daños en aparato respiratorio, en riñones y aparato excretor, daños inmunológicos, hematológicos, metabólicos y una mala percepción de la calidad de vida asociada al estado de salud".

Y se concluye en que "hay una evidencia entre la exposición prolongada al polvo de uranio y una determinada constelación de patologías, e inclusive no se pueden descartar posibles daños tardíos sobre el DNA con latencia prolongada, que hayan provocado una mayor incidencia de neoplasias (tumores) en esta población, aunque el principal efecto negativo del uranio es el tóxico".

A ese informe y a otros de peritos expertos en medicina nuclear se agarran ahora los 45 ex trabajadores y viudas que no pierden la esperanza de que se les dé la razón. "Más que una cuestión económica, es una razón de justicia social y algo que debemos a todos los que ya no están con nosotros", justifica José Soto, presidente de la asociación que reúne a este colectivo, cuyos integrantes están desolados por las continuas promesas incumplidas que han recibido de numerosos políticos. Su reclamación ha llegado también al Parlamento Europeo donde, de la mano de Izquierda Unida, han pedido amparo a sus reivindicaciones.

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