La conjura de los jueces para salvar a Tirado

Los despachos del rehabilitado edificio que alberga al Consejo General del Poder Judicial, usado como gran Teatro Lírico de Madrid hasta 1920, cuando sucumbió a un incendio, asistieron el pasado viernes 19 de diciembre a un frenético trasiego de conversaciones con sordina donde cada actor desempeñaba un incierto papel. Faltaban cuatro días para que los 20 vocales del Consejo (13 jueces, dos fiscales, cuatro abogados y un secretario judicial) recién llegados a un organismo vapuleado por el descrédito, se reunieran en pleno para dirimir el caso Tirado, el dilema judicial más explosivo del último año.

El juez Rafael Tirado, encargado de ejecutar una condena de cárcel contra el pederasta Santiago del Valle, castigado a casi tres años de prisión por abusar de su propia hija, no se enteró durante más de dos años de la negligencia de su propio juzgado que mantenía en libertad al peligroso delincuente. Sólo descubrió el colosal error cuando Del Valle fue detenido como autor del supuesto asesinato en Huelva de la niña Mari Luz. Y entonces, Tirado dictó su orden de busca y captura más inútil.

La investigación del caso destapó un rosario de graves negligencias en la tramitación judicial del expediente de Del Valle. Tanto fallo injustificado (retrasos indebidos, comunicaciones inadecuadas, olvidos increíbles...) terminó con una dura sanción del Ministerio de Justicia a la secretaria del juzgado (dos años de suspensión de funciones) y con una multa de 1.500 euros del Consejo General del Poder Judicial al juez.

SANCIÓN POCO EJEMPLAR El fiscal recurre

El fiscal recurrió el castigo y pidió para Tirado tres años de suspensión. Los políticos, del Gobierno y del PP, avalaron con sus declaraciones la petición fiscal. Los padres de Mari Luz fueron recibidos en los principales despachos del poder. Reclamaron con insistencia una sanción ejemplar para el juez que dejó libre al supuesto asesino de su hija y les dieron buenas palabras, pero los políticos estaban en manos de los jueces.

El nuevo Consejo General del Poder Judicial, que llegó con la intención de ahuyentar el fantasma de la politización que campaba a sus anchas por el viejo edificio rehabilitado, se encontró con una patata caliente e intentó enfriarla durante un tiempo. Pero el viernes de la semana pasada, el dilema judicial más explosivo del año tenía la mecha encendida.

LAS REUNIONES PREVIAS Compromisos difusos

En las reuniones previas y secretas que se celebraron desde el lunes, los jueces, tanto progresistas como conservadores, se conjuraron para salvar a su compañero Tirado. El resto de los vocales, al tanto de la conjura, desplegaron por distintos escenarios toda su elocuencia para intentar romper al homogéneo y mayoritario grupo judicial. Buscaban al menos tres o cuatro adhesiones que equilibrasen la balanza y dejasen la decisión final en manos del voto de calidad del presidente Carlos Dívar. Encontraron muchas vagas palabras y algún compromiso incierto. "Bueno, vale, quizás, lo estudiaré este fin de semana". Y esperaron al martes con una difusa esperanza.

PROPUESTA SALOMÓNICA Suspensión o multa

En esa situación de fractura inevitable, el encargado de hacer la propuesta de sanción, el juez Félix Azón, optó por una vía intermedia que escribió en un folio y presentó a las ocho de la tarde del viernes en el registro del Consejo General del Poder Judicial. La propuesta era doble: mantener la multa de 1.500 euros a Tirado o castigarle por una falta muy grave a la suspensión de funciones entre uno y cinco meses.

El martes, los 20 vocales se sentaron a primera hora de la mañana en torno a una larga mesa a cuyo frente estaba Carlos Dívar. Todos se miraban las caras sin conocer el resultado final de la primera decisión comprometida del mandato. El voto iba a ser secreto y algunos optaron por el silencio para no descubrir sus cartas y evitar la exposición pública.

EL 'CASO TIRADO' Historia de una negligencia

La primera intervención que rompió el hielo fue la del ponente, quién intentó justificar la propuesta de sanción muy grave con dos meses de suspensión agarrándose a los hechos. Tras la sentencia firme contra Del Valle, el juzgado de Tirado da el primer paso con una citación del condenado para que comparezca. No lo hace. Un mes después, se dicta otro auto citando al condenado sin fecha "a los efectos acordados". Y durante los 17 meses siguientes, no se hace nada más. Sólo atendiendo al mandato constitucional (artículo 117.3: "El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes") se produjo una falta muy grave por no dictar las resoluciones necesarias para ejecutar lo dictado, que es una obligación inaplazable e indelegable del juez. El ponente añade a sus argumentos una causa más: la gravedad del delito cometido. Del Valle abusó de su propia hija. Los delitos que atentan contra la libertad sexual provocan una gran alarma social. Este tipo de delincuencia reviste una especial problemática. Es muy difícil la reinserción del delincuente y hay grave riesgo de que siga cometiendo más delitos. Por eso es necesaria incluso una mayor diligencia en la ejecución de sentencias contra este tipo de delincuentes.

EL DEBATE EN PLENO La desatención en la Ley

Los vocales se enzarzan entonces en la interpretación del artículo 417.9 de la Ley del Poder Judicial que regula las faltas muy graves que acarrean suspensión: "La desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación de la tramitación o resolución de procesos o causas en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales".

El bloque judicial conservador y varios jueces progresistas -otros permanecían callados ocultando el sentido de su voto- defienden que en este caso sólo ha habido retraso injustificado en una sola sentencia, recuerdan que el juzgado de Tirado estaba sobrecargado de asuntos y que, además, superaba el módulo de trabajo asignado hasta en un 140%.

Los favorables a la falta muy grave sacan más datos para convencer al bloque judicial. En la inspección del Poder Judicial de ese juzgado, seis meses antes de que se detenga a Del Valle, el informe no detecta sobrecarga desmesurada de trabajo ni atasco y le dice al juez que la tramitación en la ejecución de sentencias es muy lenta y muchas están paralizadas. Sin embargo, en los seis meses siguientes no se constata que se haya hecho nada para solucionarlo.

La nueva evidencia vuelve a caer en saco roto. La mayoría se mantiene inalterable.

A LA DEFENSA DEL JUEZ La secretaria, responsable

Los conservadores insisten con nuevos argumentos para buscar un chivo expiatorio: la secretaria del juzgado (ya castigada con dos años de suspensión por el Ministerio de Justicia). El juez no tiene obligación de hacer un seguimiento de las ejecutorias, argumenta uno de los vocales para concluir que esa responsabilidad es de la secretaria del juzgado y de los funcionarios. Otro conservador se une al argumento con una invectiva contra la Junta de Andalucía, a la que culpa de lo ocurrido por no dotar de los medios humanos y materiales necesarios a los juzgados. Y otro más se apunta al carro de eludir la responsabilidad de Tirado recordando que es la secretaria quien tiene que dar cuenta de cómo va la ejecutoria. "Es su trabajo, no el del juez. El juez cumple dictando las sentencias", resumen todos los favorables a salvar a Tirado. Una vocal del grupo conservador llega todavía más lejos y pide que se le retire la multa de 1.500 euros a Tirado porque, según defiende, cumplió con su trabajo, no tiene ninguna responsabilidad en lo ocurrido, que es culpa de la falta de funcionarios porque la Junta de Andalucía no invierte lo suficiente.

Tanta apelación a la responsabilidad de la secretaria del juzgado de Tirado, provoca la reacción en contra del único vocal que pertenece a ese cuerpo de funcionarios, y que fue elegido a propuesta del PP.

Tres horas de debate sin grandes consecuencias. El pacto de los jueces es inamovible. Todos cogen un papel para escribir el sentido de su voto y lo depositan sobre una bandeja. El recuento confirma la victoria de la conjura de los jueces por 14 a 7. El escándalo vuelve al Consejo General del Poder Judicial.