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Entrevista:ROBERTO GARCÍA | Secretario general de Unións Agrarias

"Es inmoral que la normativa eólica no valore las fincas de los molinos"

Unións Agrarias (UU AA) acaba de celebrar un cuarto de siglo. Su secretario general, Roberto García (Rodeiro, 1958), hace historia y recuerda que, antes del congreso de Lalín en 1983, existiera una Federación de Traballadores da Terra, fundada en Betanzos en 1933 y truncada por la Guerra Civil. "No hay precedentes en el mundo laboral", explica, "de una organización agraria como la nuestra, integrada en una organización sindical de clase, la UGT". "Más allá de que los agricultores y ganaderos seamos los propietarios de las tierras, estamos, en muchos casos, mucho peor que cualquier trabajador de cualquier empresa", asegura. La dignificación de la vida en el campo es el primero de los objetivos que cita García en el programa de UU AA.

"El minifundismo y la comercialización impiden al sector ser competitivo"

"Los empresarios no pueden incumplir un acuerdo y que no pase nada"

Pregunta. ¿En qué ha cambiado el campo gallego durante estos 25 años?

Respuesta. Primero, ha adelgazado de forma sustancial. Cuando se fundó el sindicato, había 400.000 agricultores y ahora quedan 90.000. La modernización de las explotaciones ha provocado que éstas produzcan calidad y cantidad, y son homologables a cualquiera de España o de Europa. Faltan por conseguir estructuras de comercialización con las industrias y resolver el problema básico del minifundismo, los dos lastres que nos impiden ser más competitivos.

P. El del minifundismo es un lastre histórico.

R. Tenemos un sentido de la propiedad privada muy acusado, que origina desconfianzas hacia herramientas de cesión de tierras y de usos, de arrendamientos. Además, el sistema hereditario tiende a parcelar en exceso las explotaciones.

P. El Banco de Terras de la Consellería de Medio Rural incide en esa problemática.

R. Sí, es un paso adelante, pero no va a ser la panacea. Donde hay pocos agricultores es donde hay más oferta, y donde hay muchos agricultores, no hay quien ponga tierras. Debe reforzarse con concentraciones de usos, una ley de arrendamientos, las permutas y las concentraciones privadas.

P. En Medio Rural, ¿percibe diferencias entre el bipartito y los gobiernos de Fraga?

R. Sin lugar a dudas. Fuimos muy críticos con este Gobierno y convocamos movilizaciones, pero por dos razones: somos una organización autónoma y reivindicativa pero, sobre todo, tenemos la sensación de que aquellos que comparten con nosotros los problemas tienen especial sensibilidad. Debemos exigirles mucho después de 20 años de desmantelamiento del sector.

P. ¿Cómo se nota la crisis económica en el agro?

R. Afecta de forma dramática. Si los trabajadores de cualquier sector industrial pierden el trabajo, tienen un sistema social de protección. En el sector agrario, nos vamos a casa con una mano delante y otra detrás. Además, existen unas relaciones comerciales ancladas en la Edad Media, donde los empresarios tienen derecho de pernada.

P. Imponen los precios.

R. En crisis, resuelven su cuenta de resultados imponiendo precios a la baja. Los precios de los input (energía, fertilizantes y piensos) también suben, a causa del precio del petróleo y los cereales. Esa es la situación que toca a 90.000 familias, pero 90.000 familias que gestionan el 80% del territorio de Galicia.

P. Los empresarios lácteos se habían comprometido ante sindicatos y consellería a firmar contratos homologados. ¿Por qué no cumplen?

R. Es una situación de privilegio a la que cuesta tiempo y trabajo renunciar. Se trataba de un derecho de pernada en el que, un mes después de recoger la leche, decidían unilateralmente cuánto pagar. Por eso decimos a la Administración que no llega con ser árbitro de este partido, hay que empezar a sacar tarjetas sancionadoras. No puede ser que alguien firme un acuerdo, lo incumpla y no pase nada.

P. Unións Agrarias no comparte con el Sindicato Labrego (SLG) la exigencia de un precio regulado por el Gobierno.

R. Lo que plantea el SLG supone una modificación de la Constitución. Se puede discutir teóricamente, pero nosotros queremos solucionarle al ganadero el mes a mes y con contratos homologados ya se fija un precio. Lo que sí que no tiene precedentes es que convoquen una contramanifestación el mismo día que el 80% del sector se manifiesta en San Caetano. Pero los ganaderos percibieron esa maniobra, y éramos 9.000, mientras el Sindicato Labrego eran 150.

P. ¿Qué recetas maneja su organización para fijar población en el rural?

R. No es un problema de recetas, es un problema de justicia. Es básica la dignificación de la profesión, y eso no es sólo sentirnos orgullosos de ser agricultores, sino tener rentas dignas. Negociar en pie de igualdad el precio de nuestros productos. Que el trabajo de conservación del medio, hasta ahora gratuito, sea retribuido: es mejor eso que pagar luego por apagar incendios. Y que los recursos que se nos expropian tengan una remuneración justa.

P. ¿A qué se refiere?

R. Es inmoral, injusto, escandaloso, que al regular las condiciones multimillonarias de aprovechamientos eólicos, la Xunta regule su porcentaje de negocio, las concesionarias hablen de cuánto van a reinvertir en cambiar Ence de sitio y crear no se sabe qué empresas y lo único que deja sin regular sea a los propietarios de las chousas y las leiras por donde pasa el viento a una determinada velocidad, donde se instalarán los molinos.

P. ¿No figura en la normativa de Industria?

R. No. Nos expropian por vía de urgencia y no nos queda más remedio que ir a juicio por una cuestión que debería figurar en la normativa. Nuestras fincas no valen por los toxos, sino por el valor del aire que pasa por ahí a una determinada velocidad.

P. ¿Qué capacidad de acción le queda a un sindicato como Unións Agrarias frente a dinámicas globales?

R. Las grandes tendencias vienen dadas de fuera, pero nuestras batallas son a menudo batallas de lo pequeño. Conseguir relaciones contractuales en pie de igualdad, reconvertir la producción. También es cierto que, desde la ampliación de la Unión Europea a 27 miembros pero con el mismo presupuesto que con 12, las decisiones vuelven a los Estados. Se produce una renacionalización de la política agraria.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 26 de diciembre de 2008