Objetivos logrados, promesas incumplidas

El acuerdo de Gobierno que Touriño y Quintana firmaron el 23 de julio de 2005, apenas un mes después de las elecciones que pusieron fin a la mayoría absoluta del PP, sintetizaba el programa del bipartito en seis apartados y una adenda. Lo que sigue es una relación de las principales promesas realizadas por el Gobierno, así como de los incumplimientos más llamativos.

- Ejes de la acción del Gobierno. El pacto señalaba cinco: creación de empleo (fue realidad hasta hace pocos meses, cuando la crisis comenzó a pasar factura al mercado de trabajo), incremento del gasto en capital humano (en estos años los Presupuestos han incrementado sensiblemente el gasto en educación e I+D), el diseño de un sistema de bienestar avanzado basado en servicios públicos universales (la legislatura ha iniciado la aplicación de la Ley de Dependencia), la puesta en valor del territorio (se ha paralizado la construcción en el litoral y se han aprobado nuevas normas de construcción) y el avance en la normalización lingüística. De los cinco ejes, este último es el único que claramente el Gobierno no ha conseguido hacer realidad.

- Regeneración democrática y poderes públicos. Entre las promesas cumplidas están el refuerzo de las incompatibilidades y la aprobación de las leyes de Transparencia y Subvenciones, el impulso de la administración electrónica, la creación de un registro público de subvenciones y la ubicación de un informe sobre en endeudamiento de las instituciones. Se ha aprobado la reforma de la Ley de la Función Pública incluyendo, entre otras cosas, una reserva de plazas para discapacitados y se ha modificado la política de emergencias.

La lista de compromisos incumplidos incluye la reforma de la Ley Electoral, el establecimiento de garantías en el voto de los emigrantes, la reforma de la ley que regula CRTVG para garantizar su independencia, el establecimiento de una regulación objetiva de las relaciones con las empresas privadas de comunicación y el incremento de emisiones en lengua gallega en las emisoras públicas estatales y en las privadas de concesión autonómica. Tampoco ha aprobado a tiempo una ley para regular la publicidad institucional para poner fin a los anuncios con fines propagandísticos. Los socios de Gobierno no han culminado la reforma del reglamento del Parlamento y, aunque sí han establecido como norma la sesión del control al presidente en cada pleno, no se ha facilitado la constitución y el funcionamiento de las comisiones de investigación ni se ha creado la prometida oficina de seguimiento de la gestión económica del Gobierno. PSdeG y BNG no han reducido la cifra de entes instrumentales (conocidos como Administración paralela), no han impulsado una nueva organización territorial en comarcas, regiones y áreas metropolitanas y tampoco han aprobado una ley para coordinar la actuación de las diputaciones provinciales. La representación de Galicia en Bruselas sigue sin tener carácter público y la cooperación exterior está lejos de haber alcanzado el 0,4% del Presupuesto. Los socios del bipartito no consiguieron tampoco cumplir su compromiso de conseguir un nuevo Estatuto de Autonomía, aunque sí promovieron su reforma sin excluir al PP. Tampoco ha habido cambios significativos en las relaciones entre las instituciones gallegas y Estado.

- Empleo y desarrollo económico. El bipartito cumplió su compromiso de acordar un Pacto polo Emprego con empresarios y sindicatos e incrementó sensiblemente el capítulo de los Presupuestos dedicado a impulsar la investigación para el desarrollo (I+D). Pendientes se han quedado promesas tales como la unificación en un solo organismo de los actuales instrumentos de financiación empresarial, un instrumento de gestión financiera a partir del Igape, la Sociedade Pública de Investimentos y las empresas públicas de capital riesgo.

En el capítulo de Medio Rural, la Xunta ha impulsado la creación del Banco de Terras, para facilitar superficie agraria a las explotaciones que la necesitan. Y se ha dejado en el camino algunas promesas legislativas en materia de montes y desarrollo rural.

- Educación, lengua y cultura. En educación, el bipartito cumplió su compromiso de incrementar un 20% el presupuesto y de potenciar la enseñanza de idiomas, e implantó la gratuidad de los libros de texto. Sin embargo, no se rebajó a 1/15 el ratio de alumnos de infantil por aula ni se habilitó un ordenador por cada dos alumnos. Sigue pendiente la nueva ley de Universidades y la creación de una Universidad Virtual a Distancia.

La creación de un "instituto para la promoción exterior de la lengua y la cultura gallega", que en el programa del PSdeG se llamaba Rosalía de Castro y en el del BNG, Castelao, ha quedado en el tintero. La revisión del proyecto de la Cidade da Cultura se ha realizado en medio de controversias parlamentarias y mediáticas y constituye una de las principales hipotecas de la consellería: ha consumido el 23% del último presupuesto cultural de la legislatura. Entre los cumplimientos del pacto, destaca el aumento de dotación para bibliotecas o la aprobación de una Lei do Libro.

En materia lingüística, la promesa de que la Administración gallega velará por el cumplimiento estricto del Plan Xeral de Normalización era la única medida concreta prevista. Sólo el Decreto do Ensino ha funcionado en el sentido indicado en el acuerdo, pero el Partido Popular se ha descolgado del consenso.

- Sanidad, bienestar y servicios sociales. La práctica totalidad del capítulo sanitario del acto bipartito se ha cumplido (extensión de la atención primaria, fijación de objetivos en listas de espera, generalización de la anestesia epidural, libre elección de médico o la aprobación de un plan de cuidados paliativos, entre otros compromisos). En servicios sociales se ha creado el complemento de las pensiones no contributivas y se ha aprobado la nueva ley de servicios sociales, pero no se ha reformado la renta de integración social. El Gobierno cumplió también su promesa de aprobar una Ley contra la Violencia de Género.

- Territorio y sostenibilidad. El Gobierno no ha conseguido completar la tramitación de las Directrices de Ordenación do Territorio ni el plan de usos del litoral. Tampoco ha puesto en marcha el billete único intermodal ni ha logrado promover 25.000 viviendas de protección (7.000 de alquiler). Sí ha revisado, en cambio, la legislación del suelo, ha actuado sobre el crecimiento urbanístico del litoral (suspendiendo la construcción en la franja de 500 metros) y ha aprobado el Plan de Infraestructuras de Transporte y el Plan de Seguridad Vial.